Tras casi tres años al frente de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) visita la sede de Prensa Ibérica en Madrid para hacer balance de su gestión. En una entrevista con EL PERIÓDICO, defiende la inversión privada con beneficios limitados, reivindica Casa 47 y responde por los retrasos en la construcción pública. También aborda la financiación autonómica, los pisos turísticos y el suelo público, y admite que renunció a reformar la ley del suelo.

PREGUNTA. ¿Qué es un fondo buitre? ¿Dónde sitúa la frontera entre invertir en vivienda y especular?

RESPUESTA. La diferencia no es invertir en vivienda o no. Por invertir en vivienda no eres un buitre. De hecho, nosotros estamos acompañando las inversiones en vivienda que son socialmente sostenibles y que contribuyen a resolver este problema. Cuando tú, para obtener el mayor rendimiento de una vivienda, estrujas la renta de la persona inquilina gracias a tu fortaleza como inversor, estás atentando contra su derecho. Y eso es lo que tenemos que ordenar para proteger la función social de la vivienda y de la propiedad en nuestro país. Por supuesto que hay que invertir en vivienda. Nosotros lo estamos haciendo con recursos públicos acompañando a la inversión privada. ¿De quiénes? De aquellos que están dispuestos a tener un lucro limitado o incluso a no tener ánimo de lucro.

P. Feijóo ha prometido construir un millón de viviendas en cuatro años y usted reivindica las aproximadamente 940.000 visadas desde 2018, pero solo el 13% de esas han sido protegidas. ¿Se ha construido lo suficiente?

R. Hemos revertido una situación porque hay que recordar que en 2018 estábamos en volúmenes mínimos de construcción y la producción de vivienda protegida era anecdótica. Hemos cambiado ese paradigma con fondos públicos y europeos. ¿Se ha podido construir más? Creo que se ha agotado todo el esfuerzo que se ha podido hacer hasta ahora para construir más. Por ejemplo, para construir hacen falta trabajadores. La patronal ha pedido regularizar a personas migrantes para que trabajen en el sector y aprobar una ley del suelo. Ambas propuestas el PP las rechazó.

Isabel Rodríguez cree que se ha construido lo suficiente para el contexto del que venía el sector español / José Luis Roca

P. Casa 47 ha sido uno de sus proyectos estrella. ¿Cuándo gestionará 10.000, 30.000 o 40.000 viviendas? Las transferencias desde Sareb avanzan lentamente.

R. La ambición es ir lo más rápido posible. Si tuviéramos que coger un ejemplo de injusticia absoluta y mala gestión de la anterior crisis económica sería la creación del banco malo. Consistió básicamente en salir al rescate de la banca con nuestros impuestos mientras desahuciábamos y echábamos a las familias de sus casas para después vender los activos a precio de saldo y recuperar con esas ventas nuevos ingresos para la banca. Una de las decisiones que más satisfacción me ha generado en estos tres años como ministra ha sido devolver esos recursos a los españoles que hoy sufren la crisis de acceso a la vivienda. Cuando llegamos al Gobierno no teníamos ni el poder de decisión sobre esas viviendas de Sareb. Hubo que recuperar la mayoría del consejo de administración y hoy hay 10.000 familias vulnerables con un techo, un alquiler asequible y acompañamiento social.

P. El rescate no fue tanto a los bancos como a las cajas de ahorros, en muchos casos con políticos en sus órganos de gobierno.

R. Eso no impide que siga pensando que fue una decisión equivocada. Se podría haber evitado el drama social sin echar a la gente de su casa.

P. Sepes, ahora Casa 47, lleva ocho años bajo gobiernos socialistas y todavía no ha construido ninguna vivienda de promoción directa. ¿Cómo explica el retraso?

R. Hay promociones en marcha, pero necesitábamos un marco jurídico que nos permitiera trabajar con seguridad. Ya hubo un Ministerio de Vivienda que intentó movilizar viviendas vacías y acabó teniendo problemas en los tribunales por las competencias de las comunidades autónomas. Necesitábamos esa cobertura legal para que Casa 47 pudiera intervenir en todo el ciclo de la vivienda. Claro que es difícil explicar los retrasos, pero hemos transformado la entidad en muy poco tiempo. Casa 47 no cumple un año hasta diciembre. Más que los resultados cuantitativos, subrayo ese cambio cualitativo. ¿Rechazamos la lentitud? Por supuesto. En Campamento, por ejemplo, firmé la adquisición de los terrenos a los siete días de llegar al Ministerio, pero después tuvimos que esperar más de un año a que el Ayuntamiento de Madrid aprobara el proyecto definitivo de urbanización.

P. El nuevo Plan Estatal de Vivienda moviliza 7.000 millones, pero varias comunidades autónomas lo han recurrido. ¿Cómo garantiza su ejecución?

R. El PP se cree oposición cuando gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, responsables de las licencias. Logramos un acuerdo y los recursos están en las tesorerías autonómicas desde agosto. Hemos establecido mecanismos de seguimiento y estamos deseando saber qué ocurre con los 800 millones que ya están en manos de las comunidades del PP. El plan triplica al anterior y estamos cerca de la aspiración del 1% del PIB en inversión en vivienda. Pero cada paso es una zancadilla: en Andalucía nos llevaron a los tribunales por los pisos turísticos y Ayuso no quiere que ayudemos a las comunidades que trabajan en la declaración de zonas tensionadas.

P. Usted cuando llegó habló de llegar al 20% de parque público. ¿Fue una promesa demasiado ambiciosa?

R. Tiene que ser el objetivo. Queremos alcanzar la media europea y estar entre los países con más parque público. La vivienda debe ser un pilar del Estado del bienestar. ¿Cuánto tardaremos? Dependerá de que todos vayamos en la misma dirección. El Ministerio ha identificado 111.000 pisos turísticos ilegales y el Plan Estatal permite a las administraciones comprarlos para destinarlos a alquiler asequible. Si Almeida reconvirtiera las 15.000 viviendas turísticas ilegales que hay en Madrid, avanzaríamos mucho más rápido. El Banco de España habla de 900.000 viviendas destinadas a usos turísticos, de temporada u otros negocios en vez de residencia habitual.

La ministra de Vivienda preparará una nueva reforma de ley del suelo si reedita el cargo tras las próximas elecciones / José Luis Roca / EPC

P. Después de casi tres años, ¿qué promesa le ha quedado por cumplir? ¿La ley del suelo? En el borrador de los decretos de julio sí la incluyó.

R. Yo habría llevado un texto más ambicioso todavía que los decretos que hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que están pendientes de convalidación en el Congreso. Pero también hice renuncias dentro del Gobierno. Una de ellas fue esa modificación necesaria de la ley del suelo, sobre la que volveremos a trabajar. Cuando escucho a Feijóo hablar de liberalización del suelo me parece retroceder a 1996. No sé si se refiere a que todo vale y todo es construible, como con Aznar. El suelo es la materia prima de la vivienda y hay que preservar el suelo público. Cuando veo que se vende a promotores privados sin garantizar la asequibilidad de las viviendas que se construyan, se me abren las carnes. Todo el suelo público tiene que destinarse prioritariamente a vivienda asequible.

P. ¿Y qué es lo que más le pesa de su mandato?

R. No haber logrado un acuerdo en las Cortes Generales con la mayoría de los grupos políticos. Ya ni siquiera aspiro a que el PP estuviera dentro, porque ha resultado inútil en estos tres años para el conjunto de España. Esa mayoría es lo que me ha quedado pendiente.

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(Esta es una de las dos partes de la entrevista a la ministra Isabel Rodríguez. Puedes continuar leyendo clicando aquí)

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