La conocida como 'ley de nietos' se ha convertido en el centro de las conversaciones políticas desde de que Alberto Núñez Feijóo denunciara la "ingeniería electoral" del Gobierno ante los 2,5 millones de solicitudes de nacionalización que se han recibido en los últimos años. El proceso, que es fruto de una ley aprobada en 2022 en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que hijos y nietos exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo puedan obtener la nacionalidad española de pleno derecho. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió en septiembre los efectos electorales vinculados a la 'ley de nietos', atendiendo las medidas solicitada por Vox y Iustitia Europa para evitar un aumento del censo electoral, y hace unas semanas mantuvo la suspensión en un auto que impedirá a votar a miles de personas nacionalizadas. Este miércoles, ha sido el Tribunal Constitucional quien ha rechazado un recurso del Defensor del Pueblo. Pero, ¿en qué consiste la norma? ¿A quién beneficia y cómo?

La 'ley de nietos' no existe como tal. Se trata de una disposición que se incluyó en la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso y el Senado en octubre de 2022. En esta norma se incluyó un proceso para la "adquisición de la nacionalidad española". Varios partidos, como PP, Ciudadanos o Junts presentaron enmiendas para ampliar su alcance o hacer pequeñas modificaciones.

El texto es claro a la hora de establecer los supuestos de nacionalización y recoge tres vías diferenciadas. La principal es a "nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española". Lo limita, por tanto, a segundo grado de parentesco, sin ser posible acudir a un bisabuelo o tatarabuelo.

La segunda afecta a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que "perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros" antes de la entrada en vigor de la Constitución. La última hace referencia a los hijos mayores de edad de aquellos españoles que obtuvieron su nacionalidad en la 'ley de nietos' que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Sin embargo, el conflicto surgió en una instrucción posterior del Ministerio de Justicia, que presumía la condición de exiliado de todos aquellos que hubieran abandonado España entre 1936 y 1955, sin necesidad de que entregaran ningún documento acreditativo, algo que no figuraba en la Ley de Memoria Democrática.

El proceso se abrió tras la aprobación de la norma y tenía un plazo inicial de 2 años. Sin embargo, como indicaba la ley, se podría ampliar durante un año más, algo que hizo el Gobierno. Así, las solicitudes se pudieron registrar desde octubre de 2022 y hasta octubre de 2025, momento en el cual se cerró el plazo de presentación de las mismas. Durante este tiempo, según el Gobierno, se registraron cerca de 2,6 millones de solicitudes, pero más de 100.000 ya han sido rechazadas.

Con este proceso, una persona se convierte en español de pleno derecho, una posibilidad que se contempla en el artículo 20 del Código Civil que recoge el derecho a optar por la nacionalidad española. Así, desde el momento de la adquisición de la misma se le confiere "la cualidad de español de origen, si bien adquirida de forma sobrevenida, es decir, con efectos desde su adquisición, sin carácter retroactivo". Es decir, tiene todos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español.

Sí, como cualquier otro español, los nacionalizados tienen derecho a votar en las elecciones generales. Al vivir fuera de España se les incluye en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, el conocido como voto CERA. Sin embargo, ante el posible aumento del censo con el elevado número de peticiones de nacionalización, Vox y Iusticia Europea acudieron al Tribunal Supremo que a mediados de septiembre suspendió el derecho al voto a todos los ciudadanos que no pudieran justificar el exilio de sus antepasados y que accederion a este proceso por esa vía abierta en la Instrucción del Ministerio de Justicia que presumía esta condición de todos aquellos que abandonaron España entre 1936 y 1955.

Hace una semana y media, el Supremo decidió mantener vigente esta suspensión, con lo que deja a cientos de miles de personas sin la posibilidad de votar. Y este lunes, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del Defensor del Pueblo al considerar que era "prematuro" por no haberse agotado la vía jurisdiccional previa y poder todavía el propio Supremo modificar su criterio al pronunciarse sobre las alegaciones de los afectados, informa Ángeles Vázquez.

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