En una entrevista concedida en 2024, Maricarmen relató que había trabajado como auxiliar administrativa durante 49 años. En ese relato no se especifica si el puesto era en una institución pública o en una empresa privada.

La etiqueta de funcionaria se difundió a partir del comentario de un vecino en un programa de televisión, que aseguró que había trabajado para la Administración. En redes sociales se multiplicaron mensajes que la situaban en un ministerio o en la Administración del Estado.

Su pensión era de 1.450 euros mensuales, y en 2024 dijo tener reconocida una discapacidad del 50 %. Son datos que proceden de sus propias palabras y que no han podido verificarse de forma independiente. Su alquiler rondaba los 500 euros al mes, y se trataba de una mujer jubilada de 87 años con movilidad reducida.

Maricarmen había vivido desde 1956 en la vivienda del barrio madrileño del Retiro, cuyo contrato de alquiler firmó su padre ese año. Él murió en 1960 y el arrendamiento pasó a su madre. Cuando esta falleció, en 2005, Maricarmen quedó como titular. En 2018, la entonces propietaria comunicó la venta del inmueble, y desde ese momento arrancó una larga batalla judicial que terminó en el desahucio del 23 de septiembre.