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Una pancarta frente al piso de lujo que compró la Comunidad de Madrid: "Ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen"

Дата публикации: 17-09-2026 11:33:34

El Sindicato de Inquilinas despliega un mensaje que compara la millonaria adquisición del inmueble con la situación de la mujer de 87 años que el próximo miércoles se enfrenta a su cuarto intento de desalojoMás Madrid y PSOE denuncian que el Gobierno de Ayuso impide acceder al expediente de la compra del ático de lujo
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, con la ayuda del colectivo Acciones en Altura, ha colocado este jueves una pancarta frente al polémico inmueble que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquiró en Chamberí con el mensaje “ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen”. La frase cuestiona la compra de la propiedad por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid, mientras las administraciones madrileñas no solventan la situación de Maricarmen, la vecina de Retiro que el miércoles 23 de septiembre se enfrenta a un nuevo intento de desalojo en su vivienda de Retiro.

“Hemos desplegado una pancarta frente al ático que la Comunidad de Madrid quería comprarle a Ayuso para denunciar que no han hecho nada para parar el desahucio de Maricarmen. Vecina de 87 años que se enfrenta a su cuarto intento de desahucio en la casa en la que lleva viviendo más de 70 años”, denuncia la organización en declaraciones a los medios de comunicación.

“Desde el Sindicato de Inquilinas hacemos una llamada a toda la ciudadanía a que acuda el día 23 a pararlo y venga el día 22 a la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, al acto de apoyo y a la acampada posterior para evitar el desahucio de Maricarmen. Porque Maricarmen somos todos”, añade la entidad, que anuncia así una concentración ya la jornada anterior al posible lanzamiento.

El procedimiento de Maricarmen se alarga ya más de un año, pese a que hasta la ONU ha pedido detenerlo o que el Estado garantice una alternativa. La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

El Sindicato confronta la coyuntura de Maricarmen con el dispendio en el ático con terraza que el Gobierno autonómico adquirió, según sostienen para “oficinas”, pese a que el Ayuntamiento admitió que no estaba habilitado para ese uso. Tanto Más Madrid como un letrado particular han llevado el caso al Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de fondos públicos.





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El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, con la ayuda del colectivo Acciones en Altura, ha colocado este jueves una pancarta frente al polémico inmueble que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquiró en Chamberí con el mensaje “ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen”. La frase cuestiona la compra de la propiedad por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid, mientras las administraciones madrileñas no solventan la situación de Maricarmen, la vecina de Retiro que el miércoles 23 de septiembre se enfrenta a un nuevo intento de desalojo en su vivienda de Retiro.

“Hemos desplegado una pancarta frente al ático que la Comunidad de Madrid quería comprarle a Ayuso para denunciar que no han hecho nada para parar el desahucio de Maricarmen. Vecina de 87 años que se enfrenta a su cuarto intento de desahucio en la casa en la que lleva viviendo más de 70 años”, denuncia la organización en declaraciones a los medios de comunicación.

“Desde el Sindicato de Inquilinas hacemos una llamada a toda la ciudadanía a que acuda el día 23 a pararlo y venga el día 22 a la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, al acto de apoyo y a la acampada posterior para evitar el desahucio de Maricarmen. Porque Maricarmen somos todos”, añade la entidad, que anuncia así una concentración ya la jornada anterior al posible lanzamiento.

El procedimiento de Maricarmen se alarga ya más de un año, pese a que hasta la ONU ha pedido detenerlo o que el Estado garantice una alternativa. La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

El Sindicato confronta la coyuntura de Maricarmen con el dispendio en el ático con terraza que el Gobierno autonómico adquirió, según sostienen para “oficinas”, pese a que el Ayuntamiento admitió que no estaba habilitado para ese uso. Tanto Más Madrid como un letrado particular han llevado el caso al Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de fondos públicos.

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