02/10/2026 a las 13:11h.

La desinformación acosa a la democracia en todo el mundo. La extensión de bulos y 'fake news' potenciada por las redes sociales tienen en alerta a administraciones de todo el mundo para evitar que los contenidos falsos influyan en los comicios electorales. El último caso detectado y analizado con detenimiento es el de Perú, como hace poco ocurrió con Suecia.

El proceso electoral peruano de este año, que finalizó con el nombramiento de Keiko Fujimori como presidenta, ha registrado un severo deterioro en su clima institucional. Un exhaustivo balance elaborado conjuntamente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Misión Técnica de la ONU revela que la contienda política desarrollada entre enero y mayo con relación a las elecciones generales del 12 de abril estuvo marcada por 139 ataques documentados contra candidatos, autoridades electorales y profesionales del periodismo, complementados por un despliegue coordinado de desinformación digital orientado a condicionar el sentido del voto.

La investigación constata un cambio de paradigma en la dinámica de las agresiones políticas en Perú: la violencia ha dejado de manifestarse de forma exclusiva en la confrontación física o en choques entre militantes para trasladarse al ámbito digital. En la actualidad, la presión sobre los actores democráticos se articula mediante campañas organizadas de hostigamiento, estigmatización, filtración malintencionada de datos privados ('doxxing') y coacciones dirigidas a distorsionar la libre competencia electoral.

El desglose de las 139 incidencias verificadas en 18 regiones y plataformas digitales detalla la dimensión del fenómeno:

- Intimidación y acoso: 43 casos constatados

- Desprestigio y estigmatización: 35 episodios

- Discurso de odio: 30 incidencias documentadas

- Judicialización y criminalización: 21 casos

- Ataques físicos y amenazas: 18 agresiones físicas y 17 amenazas directas

- Discriminación y acoso político: 14 hechos vinculados a sesgos raciales y 14 episodios de acoso político

- Ataques a la libertad de información: 9 amenazas de muerte y 8 actos de censura o bloqueo informativo

A la capacidad viralizadora de las redes sociales se suma en los últimos años la capacidad que tiene la inteligencia artificial de crear contenidos falsos o alterados. Así, el análisis pone el foco en el riesgo que representan las granjas de bots y los bulos circulantes en TikTok, X, Facebook, Instagram y WhatsApp. Según Tania Pariona, secretaria general de la CNDDHH, estas estructuras funcionan como redes coordinadas «con la capacidad de distorsionar el debate público e incidir de manera deliberada en la decisión final del electorado».

A todo ello se suma el impacto de la IA, empleada para escalar la producción y difusión de contenidos engañosos. Destaca el uso de 'deepfakes' (material audiovisual sintético de alta fidelidad), la generación masiva e hiperrealista de textos e imágenes falsas y el uso de 'microtargeting' para personalizar la manipulación. Ante esta coyuntura, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha tipificado en su 'Guía contra la desinformación' distintas vertientes del fenómeno, que abarcan desde el contexto falso y el contenido engañoso hasta el contenido impostor (suplantación de medios u organismos) y el contenido íntegramente fabricado.

Entre los casos más graves recopilados en el informe destacan las campañas de índole racista dirigidas contra Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, orientadas a denigrar su origen andino, su apariencia y su expresión verbal. Asimismo, se documenta el acoso sistemático sufrido por el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, objeto de filtración de datos personales, hostigamiento en su domicilio y amenazas de muerte, entre ellas las proferidas públicamente por el candidato presidencial Rafael López Aliaga.

Frente al impacto de la desinformación en la polarización social y el deterioro de la confianza en las instituciones públicas, diversos organismos han activado protocolos de contención.

El JNE ha puesto en marcha la iniciativa JNE Fact-Checking, un equipo especializado de verificación encargado de supervisar el ecosistema digital para detectar, verificar y desmentir narrativas falsas o imprecisas. La estrategia preventiva del organismo electoral se articula en cinco ejes de actuación:

- Prevención y alfabetización digital: Desarrollo de capacitaciones universitarias, talleres para adultos mayores y campañas de concienciación pública como «Elecciones sin Fake» y «Factos Electorales».

- Monitoreo y detección temprana: Rastreo sistemático de redes y medios digitales para evaluar e identificar el nivel de riesgo de narrativas sobre supuestos fraudes o inhabilitaciones irresponsables.

- Verificación y respuesta rápida: Publicación de aclaraciones basadas en evidencias objetivas y canalización de solicitudes con plataformas como Meta, X y TikTok para etiquetar o verificar contenidos falsos.

- Alianzas estratégicas: Creación de la red «Aliados contra la desinformación», articulada junto a universidades, sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales como la OEA, la ONU, IDEA Internacional, el PNUD y la UNESCO.

- Fortalecimiento normativo e institucional: Implementación de protocolos de crisis ante ataques masivos, políticas de transparencia proactiva y propuestas legislativas destinadas a sancionar la manipulación electoral sin vulnerar la libertad de expresión.

Los organismos de derechos humanos y las autoridades electorales concluyen en esste informe en la necesidad de no normalizar la violencia digital para garantiza que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, informada y sin coerciones en los próximos compromisos electorales.