El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió este lunes en Huelva que el Gobierno andaluz ha cumplido los compromisos adquiridos cuando asumió las competencias sanitarias tras la dimisión de Rocío Hernández, que dejó el cargo en plena crisis. Sanz aseguró que se ha contratado "casi todo" el personal comprometido para reforzar los programas de detección precoz, no sólo de cáncer de mama, sino también de colon y cuello de útero.

Una de las principales medidas, según el consejero, ha sido la implantación del denominado "acto único", concebido para concentrar y agilizar las pruebas diagnósticas que necesiten las pacientes, como mamografías y ecografías. A ello se suma la aprobación de un protocolo de homogeneización para que las unidades de mama de los distintos centros andaluces trabajen bajo unos mismos criterios.

La Junta también reivindica la extensión de la inteligencia artificial al conjunto de la red. La tecnología, que hasta ahora se utilizaba como experiencia piloto en Córdoba, se ha incorporado, según Sanz, a las 36 unidades de mama existentes en Andalucía. El objetivo es acelerar el análisis de las mamografías y contribuir a reducir los tiempos de diagnóstico.

"Tras lo ocurrido, lo importante era mejorar, modernizar", sostuvo el consejero, que defendió que en apenas un año se han adoptado medidas para reforzar las garantías del sistema y ofrecer una respuesta más rápida a las mujeres incluidas en los programas de cribado.

Pero el aniversario de la crisis llega también acompañado de nuevas reclamaciones. El PSOE-A ha vuelto a exigir una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades derivadas de los fallos detectados. La iniciativa ha sido registrada junto a Adelante Andalucía y Por Andalucía y cuenta con la oposición del PP y Vox.

El diputado socialista Alejandro Moyano aseguró que la asociación Amama ha contabilizado siete mujeres fallecidas que, según esta organización, estarían relacionadas con los fallos del cribado de cáncer de mama. Se trata de una cifra aportada por la asociación y reivindicada políticamente por el PSOE-A, no de una conclusión judicial sobre la causa de esas muertes. Moyano añadió que existen más de 200 reclamaciones patrimoniales presentadas por mujeres que consideran que se vieron afectadas por las deficiencias del sistema.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, incidió en la misma línea y afirmó que las afectadas "siguen esperando respuestas" un año después. La dirigente socialista reclamó además la creación de un fondo de compensación para las mujeres afectadas y sus familias, al considerar que no deberían verse obligadas a afrontar largos procedimientos judiciales para obtener una reparación.

El debate, por tanto, se sitúa ahora en dos planos. Por un lado, la Junta pone el foco en las reformas introducidas en los últimos doce meses y en el refuerzo de los recursos destinados a los cribados. Por otro, las afectadas y la oposición reclaman conocer con precisión qué falló, por qué ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias.

El primer aniversario de la crisis deja así abierta una cuestión que va más allá de los cambios organizativos: la necesidad de recuperar la confianza de las mujeres en un sistema cuyo objetivo es precisamente detectar una enfermedad antes de que pueda avanzar.