El régimen sancionador será independiente de la vía penal, lo que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes sin esperar a los procesos judiciales. Sanz ha explicado que esta será su primera norma en la nueva etapa como consejero y que se tramitará como decreto ley por su "extraordinaria urgencia", asegurando así su aplicación inmediata en todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma. El texto abordará también situaciones específicas como la reincidencia y el ciberacoso en redes sociales.

Durante su intervención, el consejero ha justificado esta "guerra absoluta y total" contra las agresiones recordando que en 2025 se han registrado 1.976 ataques a profesionales sanitarios en Andalucía. De ellos, el 80% fueron de carácter verbal, aunque los servicios jurídicos del SAS tuvieron que realizar 195 asistencias letradas, 33 de las cuales correspondieron a delitos de atentado. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad urgente de medidas contundentes.

El decreto ley incorpora un conjunto de medidas específicas para blindar a los trabajadores sanitarios que sufran algún tipo de agresión. Entre ellas destaca el establecimiento de mecanismos que garanticen el anonimato de los profesionales denunciantes, ante el "miedo a denunciar" que muchos expresan por temor a represalias o situaciones incómodas en su entorno laboral.

Una de las novedades más relevantes es que será el atacante quien no pueda acudir de nuevo a ese centro sanitario, evitando así que sea el trabajador agredido quien deba modificar su puesto de trabajo o trasladarse a otra ubicación. Esta medida supone un cambio de paradigma en la gestión de estos conflictos, priorizando la protección de la víctima frente a la comodidad del agresor.

Asimismo, la norma garantizará la asistencia jurídica mediante los letrados del SAS, facilitando que los profesionales puedan ejercer sus derechos sin tener que asumir costes adicionales. Esta cobertura legal resulta fundamental para que los sanitarios se sientan respaldados institucionalmente cuando decidan denunciar una agresión, independientemente de su gravedad.

El régimen sancionador propio contempla multas de hasta 60.000 euros para los casos más graves, estableciendo un sistema de gradación según la gravedad de la conducta. Esta independencia respecto a la vía penal permite que las sanciones administrativas se apliquen con mayor celeridad, sin necesidad de esperar a la resolución de procedimientos judiciales que pueden prolongarse durante años.

El texto normativo presta especial atención a los casos de reincidencia y al ciberacoso a través de internet y redes sociales. En los últimos años, los profesionales sanitarios han sido objeto de campañas de desprestigio y amenazas en plataformas digitales, lo que ha generado situaciones de gran angustia y afectación psicológica. El decreto ley incluirá mecanismos específicos para perseguir estas conductas que se producen en el entorno digital.

La tramitación como decreto ley por extraordinaria urgencia responde a la necesidad de dar una respuesta rápida ante el incremento de las agresiones registradas en los últimos meses. Esta fórmula permitirá que la norma entre en vigor de forma inmediata tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, sin necesidad de pasar por el procedimiento legislativo ordinario, aunque posteriormente deberá ser convalidada por el Parlamento andaluz.

El consejero Antonio Sanz ha destacado que el presupuesto autonómico en seguridad se ha duplicado hasta superar los 60 millones de euros. Esta inversión ha permitido desplegar más de 50.000 dispositivos de vigilancia en los centros sanitarios de toda la comunidad autónoma, incluyendo cámaras de seguridad, sistemas de alarma y dispositivos de protección personal para los trabajadores que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

Este incremento presupuestario forma parte de una estrategia integral de protección que combina prevención, disuasión y respuesta inmediata ante incidentes. Los dispositivos de vigilancia no solo permiten identificar y documentar las agresiones cuando se producen, sino que también ejercen un efecto disuasorio sobre posibles agresores que son conscientes de que sus actos quedan registrados.

La distribución de estos 50.000 dispositivos abarca desde hospitales hasta centros de atención primaria, pasando por consultorios periféricos y servicios de urgencias, que son las áreas donde se concentra un mayor número de incidentes. La inversión también ha permitido mejorar la iluminación de zonas críticas y reforzar los accesos a determinadas áreas especialmente sensibles.

El consejero ha puesto en valor el trabajo del operativo 'Sócrates' (Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios), una unidad específica de la Policía Adscrita enfocada en la disuasión y protección del personal sanitario. Esta unidad fue impulsada tras la incorporación de nuevos agentes al cuerpo autonómico y representa una herramienta específica para hacer frente a este problema.

El operativo Sócrates actúa tanto de forma preventiva como reactiva, realizando patrullajes por los centros sanitarios con mayor incidencia de agresiones y respondiendo de manera inmediata cuando se produce un incidente. Los agentes de esta unidad han recibido formación específica sobre la problemática de las agresiones en el ámbito sanitario y sobre técnicas de desescalada de conflictos.

Desde su puesta en marcha, esta unidad policial ha intervenido en decenas de casos, logrando reducir la conflictividad en determinados centros que presentaban especiales problemas. La presencia visible de estos agentes ha demostrado tener un efecto disuasorio significativo, reduciendo tanto las agresiones físicas como las verbales en las zonas donde se despliegan.