SPJ-USO, junto con cientos de funcionarios, viene reclamando desde enero de 2026 el abono de cantidades correspondientes a un trabajo ya realizado. La deuda acumulada supera ya los 2,5 millones de euros y afecta, directa o indirectamente, a un colectivo de cerca de 9.500 funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía.

La Consejería de Justicia, asegura, pretende justificar esta situación en la negociación de un nuevo modelo de productividad. Sin embargo, SPJ-USO considera que "no existe justificación para dejar de abonar un complemento retributivo que continúa vigente al amparo del Decreto 156/2006, de 25 de julio, mientras no sea sustituido o derogado conforme a Derecho".

Para el sindicato, resulta especialmente grave que la Administración no solo someta a sus trabajadores a una creciente sobrecarga por falta de efectivos, sino que, además, deje de abonarles retribuciones devengadas por el trabajo efectivamente realizado.

La Asesoría Jurídica de SPJ-USO estudia actualmente si esta actuación pudiera ser constitutiva, entre otras posibles responsabilidades, de un delito de prevaricación administrativa, así como la interposición de las correspondientes acciones judiciales para exigir el inmediato abono de las cantidades adeudadas.