Durante años se nos ha repetido que cualquier crítica a las decisiones judiciales supone un ataque al Estado de derecho. Sin embargo, en una democracia madura, la independencia judicial no puede convertirse en un escudo que impida analizar el comportamiento de quienes ejercen uno de los mayores poderes del Estado. Los jueces deben ser independientes, pero también deben estar sometidos al escrutinio público cuando sus actuaciones generan dudas legítimas sobre su imparcialidad.

En España existe una percepción creciente, compartida por una parte significativa de la ciudadanía, de que determinadas actuaciones judiciales afectan de manera especialmente intensa a dirigentes, cargos o personas vinculadas a la izquierda política. No se trata necesariamente de afirmar la existencia de una conspiración organizada ni de negar la posibilidad de que existan conductas ilícitas. Se trata de preguntarse por qué determinadas investigaciones parecen seguir patrones que alimentan la sospecha pública.

Uno de los elementos que más contribuye a esa percepción es la enorme repercusión mediática de algunas causas desde sus fases iniciales. En ocasiones, investigaciones que todavía no han sido juzgadas ocupan titulares durante meses o años, provocando un desgaste político evidente. Cuando posteriormente algunas acusaciones son archivadas, corregidas o reducidas, el daño reputacional ya se ha producido. Para muchos ciudadanos surge entonces una pregunta incómoda: ¿Quién responde por las consecuencias de procedimientos que generan un enorme impacto político antes de que se demuestre su solidez jurídica?

Los jueces son profesionales altamente cualificados, pero también son seres humanos con convicciones e ideologías

También resulta llamativo que determinadas figuras públicas sean objeto de una atención judicial extraordinaria mientras otros casos de relevancia comparable reciben una intensidad menor. La mera existencia de esta percepción no prueba un sesgo, pero sí obliga a reflexionar sobre la importancia de que la justicia no solo sea imparcial, sino que también lo parezca.

Otro factor que alimenta la desconfianza es la persistente politización percibida de las instituciones judiciales. Durante años, el debate sobre la renovación de órganos de gobierno de los jueces, los nombramientos de altos cargos judiciales y las afinidades ideológicas de algunos magistrados ha ocupado un lugar central en la vida política española. Cuando la propia clase política discute abiertamente sobre bloques conservadores y progresistas dentro de la judicatura, resulta difícil exigir a la ciudadanía que ignore completamente esas categorías al valorar determinadas resoluciones.

La cuestión de fondo es que ningún poder democrático puede quedar exento de crítica. Los gobiernos son criticados. Los parlamentos son criticados. Los medios de comunicación son criticados. La judicatura, precisamente por la enorme influencia que tiene sobre la vida pública, tampoco puede situarse fuera del debate democrático.

Quienes denuncian la existencia de sesgos judiciales no sostienen necesariamente que todas las investigaciones contra dirigentes de izquierdas sean injustificadas. Lo que cuestionan es la posibilidad de que determinadas decisiones procesales, determinados tiempos judiciales o determinadas interpretaciones jurídicas puedan estar influidas, consciente o inconscientemente, por factores ideológicos. Esta hipótesis no debería ser considerada un tabú. Es una cuestión legítima de discusión en cualquier democracia.

La historia demuestra que ningún poder está inmunizado frente a los prejuicios. Los jueces son profesionales altamente cualificados, pero también son seres humanos con convicciones, experiencias e ideologías. Pretender que la mera pertenencia a la carrera judicial elimina cualquier posibilidad de sesgo sería una ingenuidad incompatible con lo que sabemos sobre el comportamiento humano y sobre el funcionamiento de las instituciones.

La mejor defensa de la independencia judicial no consiste en silenciar las críticas, sino en reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control

Precisamente por eso la mejor defensa de la independencia judicial no consiste en silenciar las críticas, sino en reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control. Cuanto más sólida sea la confianza ciudadana en la imparcialidad de los tribunales, menos espacio habrá para sospechas de utilización política de la justicia.

La pregunta que debería preocuparnos no es si resulta legítimo debatir sobre posibles sesgos judiciales. La verdadera pregunta es por qué una parte creciente de la sociedad percibe que determinados procedimientos tienen consecuencias políticas tan profundas. Ignorar esa percepción o ridiculizarla no la hará desaparecer. Al contrario, puede aumentar la desconfianza hacia instituciones cuya legitimidad depende, en última instancia, de la confianza de los ciudadanos.

Defender el Estado de derecho no significa aceptar acríticamente cualquier actuación judicial. Significa exigir a todos los poderes públicos, incluida la judicatura, los más altos estándares de imparcialidad, transparencia y responsabilidad. Porque la justicia no solo debe ser independiente; también debe inspirar la confianza suficiente para que nadie pueda sospechar razonablemente que la ley se aplica de forma distinta según quién ocupe el poder o quién sea objeto de investigación.

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José Antonio Serrano es médico y exalcalde de Murcia.