Pregunta.—La Comisión Europea prepara un nuevo marco de adaptación al cambio climático. ¿Qué va a cambiar realmente en la vida de los ciudadanos?

Respuesta.—En Andalucía es difícil no percibir que el clima está cambiando. Antes teníamos dos o cuatro días de 40 grados y ahora podemos pasar tres meses con temperaturas extremas. Las sequías son más intensas y se alternan con episodios de grandes inundaciones. Sin embargo, a veces cuesta identificar cómo afectan esos cambios a cada persona y qué medidas deben tener prioridad. El objetivo del marco europeo es ayudar a responder a esas preguntas, identificar los riesgos más importantes en cada territorio y determinar qué colectivos son más vulnerables. Una ola de calor no afecta igual a todo el mundo: las personas mayores, quienes viven en viviendas mal aisladas o quienes trabajan al aire libre están más expuestos. También hay zonas construidas en áreas inundables. Tenemos que prepararnos mejor, reforzar nuestra capacidad de respuesta ante los incendios y los fenómenos extremos y trabajar con sectores como el asegurador. Sabemos que la falta de adaptación pone en riesgo las cosechas, tensiona los hospitales y los sistemas eléctricos y puede afectar al transporte. Se trata de reducir esos daños y de saber cómo actuar cuando se produzcan.

P.—¿Necesita Andalucía una financiación específica para afrontar esos riesgos?

R.—Lo importante es incorporar el factor climático al conjunto de las decisiones de inversión pública, las políticas sectoriales y muchas decisiones privadas. Si las temperaturas extremas van a ser más frecuentes, tenemos que planificar de otra manera las ciudades, recuperar espacios verdes y mejorar el aislamiento de los edificios. También debemos anticipar las consecuencias para los hospitales y para la disponibilidad de agua en la agricultura, así como los riesgos para las cosechas, las plagas y los incendios. Andalucía, como el resto de las regiones, tendrá que realizar un análisis transversal de esos riesgos. Los datos que manejamos son muy significativos: en un seguimiento de 2.400 ciudades europeas, el 91% identificó las olas de calor entre sus principales preocupaciones y el 86% señaló la disponibilidad de agua potable durante los periodos de sequía. Son cuestiones que afectan a muchas políticas distintas y que requieren planificación.

P.—Europa negocia un nuevo presupuesto en un momento en el que algunos países reclaman más austeridad. ¿Puede perjudicar esa posición a la transición ecológica?

R.—El debate sobre el presupuesto afecta a todas las políticas europeas. Tenemos que acompañar la modernización del tejido productivo, reforzar la competitividad y generar riqueza para financiar nuestro Estado del bienestar. Al mismo tiempo, debemos mejorar nuestras capacidades de seguridad, que no consisten únicamente en adquirir equipos militares. También incluyen la inteligencia, la ciberseguridad, los efectos del cambio climático y la reducción de dependencias exteriores que otros pueden utilizar para presionarnos. Hay dos posibilidades: hacer ese esfuerzo en común y reforzar una Unión Europea con peso geopolítico y comercial, o reducir el presupuesto compartido y dejar que cada país decida por su cuenta. Creo que el ejemplo del Reino Unido demuestra que nos conviene trabajar juntos. No podemos afrontar los desafíos actuales con 27 estrategias distintas, 27 mercados y 27 capacidades de inversión. El reto es combinar la disciplina fiscal con la inversión temprana que necesitamos.

P.—Juanma Moreno ha advertido en Bruselas de que recentralizar los fondos de cohesión sería catastrófico para las regiones. ¿Comparte esa preocupación?

R.—El modelo presupuestario presentado combina recursos gestionados centralmente por la Comisión con otros en los que los Estados miembros disponen de margen para adaptar sus decisiones. Las crisis recientes han demostrado que necesitamos más flexibilidad, porque el presupuesto para 2021-2027 se diseñó tomando como referencia una realidad económica muy distinta de la que después hemos vivido. Pero esa flexibilidad no puede dejar al margen a las regiones y las ciudades. La mayor parte de las políticas europeas termina aplicándose en el ámbito local, y por eso es importante que las administraciones más cercanas participen en las decisiones y que los fondos respondan a objetivos concretos. En España, que es un Estado autonómico y mantiene diferencias de renta entre territorios, esa participación es capital. Además, los efectos del cambio climático no son iguales en todas partes. No es lo mismo soportar 40 grados en Sevilla que en Bilbao. La disponibilidad de agua, la planificación del suelo y la capacidad de utilizar la naturaleza para mitigar las temperaturas o evitar la pérdida de calidad del suelo exigen respuestas adaptadas a cada territorio. Todo eso debe incorporarse a las propuestas de los Estados y evaluarse teniendo en cuenta las responsabilidades autonómicas y locales.

P.—¿Cómo puede Europa reforzar su resiliencia climática sin perjudicar a la industria?

R.—No creo que la transición esté perjudicando a la industria; al contrario, retrasarla puede salirnos muy caro. Durante años hemos intentado transformar el sector del automóvil, un ecosistema que incluye componentes, acero y electrónica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mantener nuestra competitividad. Sin embargo, el cambio ha avanzado más despacio que en otros lugares. Ahora sufrimos el aumento de los precios del gas y del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro. Hemos pagado 100.000 millones de euros más en seis meses desde el cierre del estrecho de Ormuz, y el impacto habría sido mayor si no hubiéramos reducido la importación de gas natural un 18% desde 2021. El problema es que, cuando los ciudadanos empiezan a comprar más coches eléctricos, la industria europea no siempre está preparada para ofrecer los vehículos que demanda el mercado. Es frustrante que esa demanda no se traduzca en inversión, producción e innovación propias. Tenemos que acompañar la transformación de la industria que ya existe, pero no podemos aferrarnos a la del pasado como si fuera a garantizar nuestra competitividad futura. Europa cuenta con un mercado de 450 millones de consumidores que valoran la calidad. Debemos aprovechar esa capacidad para producir con menos recursos, desarrollar materiales alternativos, recuperar materias primas mediante la economía circular y orientar mejor la contratación pública. No se trata de comprar siempre lo más barato, sino de impulsar una producción innovadora, competitiva y capaz de reducir nuestras dependencias.

P.—Sin embargo, el coste de la energía resulta cada vez más difícil de asumir para hogares y empresas. ¿No puede volverse contra la agenda verde?

R.—Creo que sucede lo contrario. La energía más predecible y segura es la que no depende de la volatilidad de las materias primas en los mercados internacionales. A propósito de la crisis del estrecho de Ormuz, alguien decía en redes que al final las energías intermitentes iban a resultar ser las fósiles: nunca sabemos si un conflicto, una decisión política o una restricción comercial va a disparar los precios. En España, y particularmente en Andalucía, el avance de las renovables nos ha permitido disponer de una energía más segura y con precios más estables. Eso no significa que el sistema esté resuelto. Necesitamos invertir en redes que en muchos casos han quedado obsoletas, mejorar el almacenamiento, integrar mejor la producción y el transporte y digitalizar las infraestructuras. Cambiar todo a la vez exige un esfuerzo inversor importante que no puede recaer exclusivamente en el consumidor. Por eso Europa está aumentando los recursos destinados a modernizar las redes y acompañar el despliegue de las renovables. La electrificación industrial y el desarrollo de estas tecnologías son también una forma de reforzar nuestra seguridad económica.

P.—La excepción ibérica fue una de las grandes apuestas energéticas del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Sigue convencida de que fue un acierto?

R.—Me alegra que el Tribunal de Justicia haya reconocido la importancia de aquella decisión. La estabilidad regulatoria es fundamental para los inversores y la industria, pero ningún Gobierno puede dejar de atender las necesidades de sus ciudadanos y empresas en una crisis excepcional. Creo que tomamos la decisión adecuada. Es verdad que redujo las expectativas de ganancia de algunos operadores y que intentamos amortiguar sus efectos para los intermediarios más pequeños, pero el ahorro para la economía española y para los consumidores energéticos fue muy importante.

P.—Se cumplen tres años del acuerdo sobre Doñana que firmó con Juanma Moreno. ¿Qué balance hace?

R.—Fue un acuerdo muy importante porque todavía hay quien piensa que debilitar la conservación de un ecosistema puede tener alguna ventaja. No es así. Deteriorar espacios como Doñana afecta al suelo, a la disponibilidad de agua y a la salud, y puede fragilizar el entorno hasta llegar a un punto de no retorno. Regularizar todas las extracciones ilegales de agua habría tenido consecuencias catastróficas, no solo para el ecosistema, sino también para la población de la zona. Además, existía un procedimiento de infracción europeo y había compromisos previos. Doñana es un espacio emblemático y un patrimonio que trasciende su localización geográfica. Recuerdo aquel acuerdo con satisfacción porque, pese a las dificultades iniciales, se entendió que era mejor unir fuerzas para resolver los problemas. La ejecución del programa avanza y también hay experiencias importantes en la recuperación del Mar Menor. Hemos aprendido que no basta con proteger la naturaleza: en determinados lugares es necesario restaurarla por los servicios que presta, desde la regulación del agua hasta la protección frente a la erosión. Para que funcione, hay que implicar a quienes viven allí. No se trata de convertir el entorno en un museo ambiental, sino de encontrar alternativas que permitan a sus habitantes ser protagonistas de la recuperación. En Doñana se han impulsado medidas relacionadas con los cauces, la calidad del agua, las infraestructuras y las alternativas económicas para quienes dejan de explotar tierras sin disponibilidad legal de agua. El objetivo es que la conservación también genere oportunidades para el territorio.

P.—¿Le preocupa que entre en el Gobierno andaluz una formación que impulsó la extracción ilegal de agua en la Corona Norte de Doñana?

R.—Una de las primeras cosas que aprendí al llegar a la Comisión es que no debo hacer comentarios sobre la política nacional o local. Lo que sí me preocupa en Europa es la dificultad para mantener debates basados en datos, conocimiento y ciencia. Proteger Doñana ya es un desafío, pero resulta imposible abordarlo si negamos el cambio climático, la menor disponibilidad media de agua o los efectos de un uso excesivo de fertilizantes sobre los acuíferos. Es mejor afrontar con honestidad los problemas que tenemos que construir una realidad paralela o buscar un chivo expiatorio para evitar decisiones que sabemos imprescindibles. Es una cuestión de honestidad política, más allá de cualquier partido o territorio.

P.—¿Qué está pasando con las protestas juveniles que recorren Europa? ¿Estamos fallando a los jóvenes?

R.—Estamos asistiendo a cambios muy importantes en nuestro modelo económico y de seguridad. Tenemos un vecino agresivo que amenaza la seguridad física y democrática de Europa, un socio que está demostrando que no siempre es fiable y una potencia industrial que crece a gran velocidad. La respuesta exige unidad, pero esos cambios también generan incertidumbre sobre las expectativas de progreso, el empleo, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. Hay otro factor preocupante: la distorsión de la realidad. La Comisión lleva tiempo advirtiendo de las injerencias en la formación de la opinión pública durante los procesos electorales, como ha ocurrido recientemente en Moldavia, y de la difusión viral de noticias que no siempre responden a hechos ciertos. Esa desinformación puede erosionar la confianza necesaria para afrontar los problemas. La vivienda es un ejemplo claro. Necesitamos más oferta, pero también que sea asequible. Por primera vez, la Comisión cuenta con un mandato específico en esta materia y busca respaldar tanto la vivienda social como el acceso a precios asumibles para las clases medias. También debemos atender el desajuste entre la formación y las expectativas laborales en una economía que cambia con rapidez. Convertir la frustración en rabia o desesperanza no resolverá esos problemas.

P.—La industria del automóvil pide más tiempo para completar la transición. ¿No sería mejor retrasar los objetivos de 2035?

R.—No soy partidaria de hacerlo. La demanda está cambiando y las empresas deben planificar sus inversiones pensando en lo que el mercado va a necesitar. No se puede transformar una cadena de producción solo a medias. Creo que 2035 es una fecha adecuada para disponer de una capacidad de producción enteramente limpia, aunque el sistema incorpora flexibilidad para facilitar la adaptación. También hay que hacer que los vehículos limpios sean asequibles. Un coche de alta gama puede costar 70.000 euros, pero esa no es la opción de la mayoría de las familias. Los datos muestran que el coste de uso de un vehículo eléctrico nuevo ya resulta más competitivo que el de uno de combustión, teniendo en cuenta los precios actuales de los combustibles y su evolución prevista. Debemos alcanzar acuerdos con China para que las inversiones industriales que lleguen a Europa generen capacidad tecnológica y colaboración con capital europeo, en lugar de limitarnos al ensamblaje. Es preocupante que gran parte de la oferta disponible proceda del exterior cuando podríamos estar creando empleo e innovación propios. España tiene un papel importante en ese ecosistema, desde los componentes hasta el acero y la electrónica.

P.—¿Veremos una Europa más unida, con una defensa común y una mayor integración política?

R.—Es una pregunta existencial. Mario Draghi lo expresó bien al decir que los europeos estamos juntos, pero solos. La cuestión es si queremos estar unidos o mantenernos como 27 realidades nacionales. Esa segunda opción no es una respuesta adecuada para el mundo actual. Debemos avanzar en la integración y superar la fragmentación de nuestros mercados bancarios, de capitales, telecomunicaciones, energía y servicios. Muchas ineficiencias tienen que ver con fronteras que siguen dificultando actividades que deberían funcionar de manera común. También necesitamos mejorar nuestra capacidad de actuar en política exterior, donde todavía dependemos en gran medida de la coordinación entre 27 gobiernos. Es cierto que hay diferencias profundas entre los Estados y que ceder competencias resulta difícil. Pero la historia europea consiste precisamente en encontrar fórmulas para superar esas dificultades y consolidar un proyecto común. Ante los desafíos actuales, avanzar juntos no es solo una aspiración política: es una necesidad.