El gasto del Estado en pensiones de jubilación en Catalunya se ha duplicado en los últimos 14 años. La factura mensual ha pasado de los 970 millones de euros registrados en septiembre de 2012 a los 1.965 millones del mismo mes de 2026. Este incremento responde principalmente al aumento del número de pensionistas, a las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones y al crecimiento de las bases de cotización.

El incremento del gasto supera ampliamente la evolución de la inflación. Mientras que los precios han aumentado alrededor de un 33% durante este periodo, el desembolso público destinado a las jubilaciones ha crecido aproximadamente un 100%. Solo en 2025, el Estado destinó 25.781 millones de euros a estas prestaciones en Catalunya, frente a los 12.816 millones contabilizados en 2011. Catalunya concentra actualmente el 18,5% del gasto estatal en pensiones de jubilación, por delante de la Comunidad de Madrid, con un 15,1%, y Andalucía, con un 13,9%.

Uno de los principales factores que explica esta evolución es el aumento progresivo de las prestaciones. Catalunya contabiliza actualmente alrededor de 1,22 millones de pensiones contributivas de jubilación, un 20% más que hace aproximadamente 15 años. El sistema ha incorporado una media de 14.000 pensiones de jubilación anuales durante las últimas dos décadas. En comparación con 2015, actualmente se abonan cerca de 166.000 prestaciones más, mientras que el incremento respecto a 2006 alcanza las 336.000. Las jubilaciones representan ya el 66,5% de las 1,82 millones de pensiones contributivas que se pagan en Catalunya. Su peso también ha aumentado en términos económicos: si en 2005 concentraban el 68% del gasto total en prestaciones, actualmente superan el 75%.

El importe medio de las pensiones de jubilación en Catalunya se sitúa en septiembre de 2026 en los 1.611 euros mensuales, lo que supone un incremento superior al 66% en los últimos 15 años. En términos absolutos, los jubilados cobran hoy unos 640 euros más de media que al inicio de la década pasada. La vinculación de las pensiones al índice de precios de consumo (IPC) desde 2022 ha contribuido a mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, aunque también ha elevado el coste del sistema. A pesar de que la pensión media supera los 1.600 euros, la cuantía más habitual se encuentra en una franja inferior. La mediana de las prestaciones se sitúa entre los 1.300 y los 1.400 euros mensuales.

La brecha de género continúa siendo una de las principales desigualdades del sistema de pensiones. En Catalunya, las mujeres jubiladas perciben una prestación media de 1.276 euros mensuales, frente a los 1.912 euros que reciben los hombres. Esta diferencia del 33,2% refleja, entre otros factores, las desigualdades salariales acumuladas durante la vida laboral, las interrupciones de cotización relacionadas con los cuidados familiares y la mayor presencia histórica de mujeres en empleos a tiempo parcial. La pensión media femenina se sitúa, además, un 20,7% por debajo del promedio general de jubilación en Catalunya. En cuanto a la edad, la media de los pensionistas jubilados es de 76 años. Casi un tercio de las pensiones de jubilación corresponden a personas mayores de 80 años, mientras que el grupo más numeroso se concentra entre los 70 y los 74 años.

Paralelamente al incremento del gasto, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, ha comenzado a recuperar parte de los recursos perdidos durante las crisis económicas anteriores. El fondo alcanzó un máximo de 66.815 millones de euros durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pero sus recursos se redujeron progresivamente hasta situarse en 5.043 millones en 2018, tras los años de gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, las aportaciones han permitido incrementar nuevamente las reservas, que alcanzaron los 15.267 millones de euros en marzo de 2026, su nivel más elevado en una década. Una de las medidas que impulsa esta recuperación es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la reforma de las pensiones de 2023. Este instrumento establece una cotización adicional destinada a reforzar el fondo ante el incremento de jubilaciones previsto con la retirada del mercado laboral de la generación del baby boom. El Gobierno prevé que la reserva pueda alcanzar los 130.000 millones de euros en 2040, aunque el uso de estos recursos comenzará antes, a partir de 2032.

Noticias relacionadas

Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que el gasto en pensiones continuará creciendo durante las próximas décadas. Según sus estimaciones, el desembolso público en pensiones, que representaba el 12,9% del producto interior bruto (PIB) español en 2023, podría alcanzar el 16,1% en 2050. El organismo también prevé que el número de pensionistas en el conjunto de España aumente desde los 11,3 millones de 2023 hasta los 17 millones en las próximas décadas. Esta evolución está estrechamente relacionada con el envejecimiento de la población y la baja natalidad. La tasa de dependencia, que mide la proporción de personas mayores de 65 años respecto a la población de entre 20 y 64 años, podría pasar del 26,4% en 2023 al 48,2% en 2050. Esto significa que, mientras actualmente existe aproximadamente una persona en edad de jubilación por cada cuatro en edad de trabajar, dentro de un cuarto de siglo la proporción podría acercarse a una por cada dos. La evolución demográfica, junto con el aumento de las prestaciones y la necesidad de garantizar su financiación, sitúa la sostenibilidad del sistema público de pensiones entre los principales retos económicos y sociales de España. El debate vuelve a cobrar protagonismo en plena precampaña electoral, coincidiendo con las movilizaciones convocadas este sábado en Madrid por diversas organizaciones de pensionistas.