Una denuncia presentada este miércoles ante la fiscalía provincial de Madrid acusa a Adif de múltiples delitos por el bloqueo sin autorización judicial de una página web que mapea los retrasos que afectan a trenes de todo el país, según adelanta EL PERIÓDICO.Seguir leyendo....
Una denuncia presentada este miércoles ante la fiscalía provincial de Madrid acusa a Adif de múltiples delitos por el bloqueo sin autorización judicial de una página web que mapea los retrasos que afectan a trenes de todo el país, según adelanta EL PERIÓDICO.
A finales del pasado febrero, la plataforma Dignitat a les Vies lanzó https://limitacions.vatard.com/es, un portal que detalla el estado de las limitaciones temporales de velocidad en el entramado ferroviario nacional, todo con la información de maquinistas anónimos y pasajeros. Esta organización de "usuarios hartos del maltrato por parte de Renfe, Rodalies y Adif" quería ofrecer un espacio de consulta para los afectados. Sin embargo, la web fue bloqueada siete días después. Adif confirmó entonces a El País que intervino para vetar el acceso al portal alegando que estaba haciendo pública información "sensible", pero que no recurrió a ningún organismo judicial.
La denuncia presentada por Protecció de la Frontera Electrònica, una asociación en defensa de los derechos digitales, acusa a Adif, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de perpetrar presuntamente los siguientes delitos: daños informáticos y obstaculización de sistemas informáticos, falsedad en documento oficial y falsedad por imprudencia grave; y prevaricación administrativa y delitos contra los derechos cívicos. La Fiscalía deberá determinar ahora si hay causa suficiente para abrir una investigación penal contra la empresa pública.

Ambiente de estación de Sants y trenes saturados posiblemente debido a las afectaciones y retrasos producidas por el viento. Tanto renfe, como adif y ave. / MANU MITRU / EPC
"Diariamente, nos niegan el acceso a documentos que deberían ser públicos por ley, pero denunciamos porque se trata del caso de censura extrajudicial de webs más evidente y flagrante desde hace años", explica Álvaro Martínez, presidente de Protecció de la Frontera Electrònica, en declaraciones a este diario.
Denunciamos porque se trata del caso de censura extrajudicial de webs más evidente y flagrante desde hace añosAdif reconoció el "error"Álvaro Martínez
— presidente de Protecció de la Frontera Electrònica
A finales de abril, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, reconoció en el Congreso que el cierre de la web fue un "error" consecuencia de "un problema de sensibilidad" de sus departamentos de seguridad y ciberseguridad y anunció el lanzamiento de un portal propio con la misma función. Poco después se puso en marcha. Los denunciantes señalan que eso supone una "contradicción" con el alegato inicial de Adif de que se trataba de información "sensible", con el que justificaron el bloqueo del sitio.
La plataforma Dignitat a les Vies explicó a varios medios de comunicación que Adif logró que Google y Fortinet "etiquetasen su web como phishing —ciberataque en el que el agresor suplanta la identidad de una entidad o persona de confianza— y la bloqueasen". La Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya acusó a la empresa pública de "contactar con los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del Estado para bloquear el acceso" al portal.
Adif ha publicado un portal con la misma información "sensible" que alegó para bloquear la web creada por los usuariosContradicciones y opacidad
La denuncia expone ante la Fiscalía que las declaraciones en las que Adif reconoce su implicación en la censura de la web chocan con el comunicado remitido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que la compañía pública la atribuía al "funcionamiento ordinario" de sus mecanismos de clasificación y protección internos. Protecció de la Frontera Electrònica recalca que, "desde el punto de vista técnico", bloquear la web de un tercero con un sistema interno es "imposible". Esa "contradicción", consideran, tiene "relevancia penal" por un presunto delito de falsedad documental.
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En el documento, revisado por EL PERIÓDICO, los denunciantes también lamentan que "ni Adif ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvieron las solicitudes de acceso a la información pública requeridas". Es el caso del informe técnico y jurídico que debería haber fundamentado el bloqueo de una web creada para asistir a la población afectada por los retrasos ferroviarios.
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