La situación se agravó hace tres semanas, tras la concesión del Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay, antigua juez del TPI. Esas nuevas represalias son una pataleta de Donald Trump por no haber recibido el Nobel tampoco este año, que él cree merecer más que nadie en su perturbado juicio. Las sanciones excluyen al Tribunal del sistema financiero americano con el que trabaja la mayoría de los bancos. El Premio del Parlamento Europeo lleva el nombre del científico Andréi Sájarov, uno de los padres de la bomba atómica soviética, convertido posteriormente en un adalid del desarme nuclear, y Premio Nobel de la Paz en 1975.

En España también tenemos tribunales en la diana, en este caso ante la opinión pública. Pueden hacer y hacen, a la greña entre ellos. Manuel Marchena, ilustre magistrado conservador, que presidió el tribunal que juzgó en el Supremo a los jefes del procés, y Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, están en duelo permanente. Asistimos a una guerra declarada entre esos tribunales, con magistrados estampillados, que parecen interpretar designios de los grupos políticos que los seleccionaron. En el inconsciente colectivo existe la convicción de que el Supremo está controlado por el PP. Un conspicuo dirigente popular llegó a precisar que controlaban “por la puerta de atrás”. Y en paralelo, para no ser menos, el Constitucional está controlado por el PSOE. Ambos se dejan en evidencia continuamente, con acción y reacción.

El Constitucional ha reprochado al Supremo que se negara a aplicar la amnistía a los líderes del procés, al sostener que se enriquecieron personalmente, cosa que no había afirmado en su sentencia. El Supremo, en auto firmado por Marchena, acepta a regañadientes la sentencia del TC, tachando la ponencia de Conde-Pumpido de grandilocuencia innecesaria y de invadir las competencias del TS. Están participando en la pelea política, con sus tribunales en entredicho, sin necesidad de enemigo exterior.