La alcaldesa de Kissimmee, Florida, Jackie Espinosa, fue arrestada este miércoles 21 de octubre tras ser acusada de robo y participar en un presunto esquema de fraude, informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La detención ocurre después de varios meses de controversias por el manejo de recursos municipales, particularmente por la entrega de subvenciones públicas a tres empresas vinculadas con la alcaldesa y su esposo.

Uthmeier confirmó el arresto durante la mañana y anunció una conferencia de prensa para las 14:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, en la que ofrecería detalles sobre las acusaciones presentadas contra la funcionaria.

Hasta el momento del anuncio, las autoridades no habían precisado públicamente el alcance de los cargos ni si estaban directamente relacionados con las investigaciones previas sobre el uso de fondos municipales.

Espinosa, quien llegó a la alcaldía en 2024, había logrado superar en agosto un procedimiento interno para destituirla, aunque las investigaciones sobre posibles irregularidades continuaban abiertas.

La controversia comenzó cuando se conoció que tres empresas propiedad de Espinosa y de su esposo habían recibido un total de 50 mil dólares del programa municipal Business Boost 2.0, creado para apoyar económicamente a negocios locales.

Según un informe presentado el 23 de julio por la fiscal especial Mayanne Downs, las compañías obtuvieron recursos equivalentes al 20% de los fondos distribuidos durante la primera ronda del programa.

Los apoyos se repartieron de la siguiente manera:

• Adanse LLC, empresa de Jackie Espinosa, recibió 20 mil dólares.
• Kissimmee Diner Inc., también vinculada con la alcaldesa, obtuvo 15 mil dólares.
• The Real Estate Gallery LLC, propiedad de su esposo, recibió otros 15 mil dólares.

La fiscal especial sostuvo que la alcaldesa no informó oportunamente al Concejo Municipal sobre sus intereses económicos en las empresas beneficiadas.

Durante la investigación también se señaló que Espinosa había recibido advertencias sobre la improcedencia de aceptar los recursos sin revelar esos vínculos, pero no procedió a devolverlos.

“En ningún momento la alcaldesa reveló a este organismo ni a esta comunidad sus intereses en dichas empresas”, afirmó Downs durante una sesión extraordinaria del gobierno municipal.

Las conclusiones de la investigación dieron lugar a un procedimiento para separar a Espinosa de su cargo. Sin embargo, la propuesta no consiguió los votos necesarios dentro del Concejo Municipal de Kissimmee.

Aunque la funcionaria logró mantenerse al frente del gobierno local, el caso continuó bajo revisión de la Comisión de Ética de Florida.

Ese organismo había encontrado causa probable para investigar si la entrega de recursos públicos a las empresas familiares constituía una violación de la legislación estatal.

Meses antes, su abogada, Migdalia Pérez, aseguró que la alcaldesa estaba dispuesta a devolver el dinero si las autoridades determinaban que había cometido alguna irregularidad.

La detención de este miércoles representa un nuevo capítulo judicial para Espinosa, aunque los cargos penales deberán resolverse de manera independiente de las investigaciones administrativas y éticas.

El caso también ha generado reacciones políticas debido a su cercanía con las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pertenece al Partido Republicano y busca mantenerse en el cargo en los comicios de noviembre.

Por su parte, Espinosa se identifica con el Partido Demócrata, aunque la alcaldía de Kissimmee se disputa mediante elecciones no partidistas.

El activista puertorriqueño Jimmy Torres Vélez cuestionó el momento elegido para presentar las acusaciones y consideró que el arresto podría tener motivaciones electorales.

Según declaró a El Nuevo Día, la detención podría afectar la participación de votantes puertorriqueños y perjudicar al congresista demócrata Darren Soto, quien representa una zona del centro de Florida con una importante comunidad de origen boricua.

“La única intención es suprimir el voto puertorriqueño”, afirmó Torres Vélez.

El activista también reconoció que había advertido a personas cercanas a la alcaldesa sobre los riesgos de solicitar los recursos municipales para sus negocios.

Sin embargo, sus señalamientos sobre una posible motivación electoral no han sido acreditados y corresponden a su interpretación de los acontecimientos.