El descontento social acumulado ha estallado en las últimas semanas con protestas masivas en numerosos países de la Unión Europea (UE), degenerando en Francia en violentos disturbios, ataques a ayuntamientos y el saqueo de más de 3.000 comercios. Este choque brutal de un profundo malestar socioeconómico soslayado por las autoridades ha atrapado a la Comisión Europea y a la mayoría de los gobiernos de la UE en su burbuja, desconectados de la realidad sociopolítica y las prioridades de los votantes.

Las protestas están alimentadas por el disparo del coste de la vida, el precio inasequible de la vivienda y el deterioro de la educación y demás servicios públicos esenciales, sobre un fondo de desigualdad creciente en la UE, falta de perspectivas para las nuevas generaciones, parálisis del ascensor social, debilidad económica y persistente injusticia tributaria. Los participantes en las protestas también expresan un marcado descontento sobre cómo funciona la democracia y la escasa atención a las opiniones y quejas de los ciudadanos.

La desconexión de los líderes europeos respecto a las preocupaciones de los ciudadanos se pudo constatar de nuevo en el Consejo Europeo de Bruselas del 17 y 18 de octubre. La escalada descontrolada de los precios de los carburantes, gas y electricidad -la prioridad más inmediata para los votantes de la UE- que daña a los hogares, al campo y a la industria, que debilita la actividad económica y que ya ha hecho subir la inflación y los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), solo recibió unos escasos párrafos, sin nuevas medidas concretas, y una petición a la Comisión Europea para que estudie medidas adicionales a corto plazo, que recuerda un párrafo similar de la conclusiones de la cumbre europea de marzo de 2026.

La UE y los Veintisiete movilizan cada año decenas de miles de millones de euros para Ucrania y para incrementar el gasto militar nacional, pero no encuentran fondos para la construcción masiva de pisos sociales, indispensables para desactivar la explosiva crisis de la vivienda que se extiende por la UE. Sólo en España faltan ahora 750.000 pisos y el déficit llegará a un millón en 2028, según el Banco de España. La Comisión Europea, por su parte, exige ajustes presupuestarios excepto en el gasto militar y limitar al mínimo las medidas para amortiguar el disparo de los precios energéticos.

La falta de sensibilidad y de medidas efectivas de la UE y los Veintisiete para resolver los focos del descontento ciudadano es capitalizada por la ultraderecha y también por la izquierda radical en varios países, como Francia, España, Alemania, Bélgica y Grecia. Marine Le Pen del ultra Agrupamiento Nacional (RN) aparece como la vencedora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 2 de mayo de 2027, sea quien sea su contrincante, según el sondeo Ifop realizado tras los disturbios del 17 de octubre. La ultra Alternativa para Alemania (AfD) tiene una intención de voto del 30%, 12 puntos por encima de los democristianos del canciller Friedrich Merz, según el sondeo de INSA del 20 de octubre. En España, Vox obtendría el 19% y hasta 72 diputados (más del doble que ahora) en las elecciones del 29 de noviembre, según el sondeo GESOP para Prensa Ibérica del 12 de octubre.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ejemplifica el político europeo imbuido de sus propias certidumbres no contrastadas y desconectado de la realidad socioeconómica de sus conciudadanos. Macron acaba sus diez años de presidencia dejando tras si una Francia literalmente en llamas, con más desigualdad social, más penurias para la mayoría de hogares y una polarización política extrema. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa, LFI), acusado de blanquear la violencia callejera y de cultivar el voto islamista, aparece en los sondeos como el candidato más probable a disputar sin éxito la segunda vuelta de las presidenciales a Le Pen.

Las rebajas de Macron de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas han creado un enorme agujero en las cuentas públicas, que el Tribunal de Cuentas francés estimó en 62.000 millones anuales en 2023, lo que ha disparado la deuda pública. Con un déficit público superior al 5% del PIB, una deuda en el 119% del PIB y un tipo de interés para los bonos a 10 años superior al 5% (4,1% en España), Macron ha dejado al Gobierno sin margen presupuestario para atender las demandas sociales si no se rectifican sus rebajas fiscales.

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