La situación de la vivienda es insostenible en nuestro país. Conseguir un piso se ha convertido en una carrera a contrarreloj, algo que los estafadores también han aprovechado. Ante unos precios de mercado no accesibles, cualquier oferta a un precio razonable dispara cientos de interesados. 

Pero tristemente, precios demasiado bajos, condiciones ventajosas o contratos que parecen una oportunidad, en muchas ocasiones, pueden acabar ocultando un engaño. Eso les ocurrió a unos inquilinos en Tenerife, víctimas de un timo. El caso llegó a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y los responsables fueron condenados.

La Justicia tinerfeña ha condenado a dos años de prisión a un hombre que utilizó anuncios falsos en Milanuncios y conversaciones por WhatsApp para conseguir pagos anticipados por pisos que nunca llegó a entregar. Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de octubre de 2022 y permitieron al acusado apropiarse de 2.840 euros.

La sentencia 235/2026, que se publicó este 11 de septiembre, considera que el hombre participó de forma consciente en las operaciones fraudulentas, junto con otras personas. 

La resolución le impone una multa de 4.200 euros y el pago de 4.340 euros en indemnizaciones para los perjudicados. La primera víctima fue una mujer que necesitaba encontrar urgentemente una vivienda para ella y su hija. 

Tras contactar con el presunto arrendador, ingresó 900 euros en efectivo para reservar un piso. Dos días después, otro afectado realizó tres transferencias de 480 euros por la reserva, la fianza y los gastos de gestión. El 9 de octubre, una pareja entregó otros 500 euros para reservar una vivienda. Ninguna de ellas existía.

El dinero fue a una cuenta bancaria que estaba a nombre del condenado, que residía en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados nunca recibieron las viviendas ni recuperaron las cantidades entregadas. La Audiencia Provincial no cree que desconociera el origen del dinero.

Durante el juicio, el acusado reconoció que la cuenta era suya, que recibió los ingresos y que retiró el dinero poco después. Sin embargo, incidía en que lo hacía por petición de un conocido y que desconocía el origen fraudulento de las cantidades.

La condena asciende a dos años de prisión, una multa de 4.200 euros y 4.340 euros en indemnizaciones. La cantidad incluye los 2.840 euros defraudados y otros 1.500 euros, correspondientes a una compensación de 500 euros por perjuicios morales en cada una de las tres operaciones.