Castilla y León registró un total de 143 expedientes judiciales incoados por agresiones de menores de edad a sus padres en el año 2025. Se trata del 3,5 por ciento del total de procedimientos incoados en España a menores de edad por delitos de violencia filio-parental, que ascendieron a 4.038, pero que supusieron un 10,7 por ciento menos que los 4.521 expedientes registrados el año anterior.

Así lo reflejan los datos recopilados por la Fundación Amigo a partir de las memorias de las Fiscalías de Menores, difundidos a través de un comunicado recogido por Ical, en el que apuntan que aunque se trata del dato más bajo de los últimos años, la violencia filio-parental continúa siendo «una realidad social grave».

«Los más de 4.000 expedientes judiciales registrados anualmente representan únicamente una parte de los casos existentes, ya que se estima que solo se denuncian entre un 10 y un 15 por ciento de las situaciones», apuntaron desde la Fundación Amigo, al señalar que la mayoría de los casos «permanece oculta dentro del ámbito familiar y no llega a los registros oficiales».

Los datos, además, muestran importantes diferencias entre comunidades autónomas. Madrid es la región que registra un mayor número de procedimientos incoados, con 1.036 expedientes durante 2025, seguida de Andalucía, con 831, y la Comunidad Valenciana, con 655. A continuación se sitúan Cataluña, con 238 expedientes; Canarias, con 222; Baleares, con 201; Murcia, con 168; Galicia, con 151; Castilla y León, con 143; País Vasco, con 101; Asturias, con 76; Castilla-La Mancha, con 71; Aragón, con 33; Navarra, con 32; Extremadura, con 30; Cantabria y La Rioja, con 25 cada una.

«La reducción registrada este año es una señal positiva, pero debe interpretarse con cautela. Seguimos hablando de más de 4.000 expedientes anuales y de una problemática que mantiene una base constante. Además, el descenso de la cifra judicial no se traduce necesariamente en una disminución real de los casos, pues representa solo la fracción que llega a denunciarse, porque muchas familias tardan en pedir ayuda o no llegan a denunciar. Existe una elevada cifra negra referida al porcentaje de casos que no pueden contabilizarse debido a que no se llega a la denuncia», explica Cristina Vaquero, psicóloga del Proyecto Conviviendo de Fundación Amigó.

Desde Fundación Amigó se observa que las familias suelen solicitar apoyo cuando la convivencia ya se encuentra muy deteriorada y la violencia ha escalado a insultos, amenazas o agresiones físicas. En los últimos años, también se ha detectado un aumento de los conflictos relacionados con el uso abusivo de las nuevas tecnologías, especialmente en torno a la gestión y limitación del acceso a las pantallas.

«Es fundamental reforzar los recursos especializados y facilitar que las familias puedan acceder a ellos cuanto antes. La intervención debe implicar a todos los miembros de la familia y trabajar la prevención, la comunicación y la resolución pacífica de los conflictos», señala Vaquero.

Durante 2025, los nueve proyectos Conviviendo de Fundación Amigó atendieron a cerca de 1.000 personas pertenecientes a alrededor de 350 familias. Estos datos reflejan tanto la necesidad de mantener una respuesta especializada como la importancia de ofrecer apoyo antes de que las situaciones de violencia se cronifiquen o alcancen una mayor gravedad.