La Junta de Castilla y León tiene la «voluntad de recurrir» los reales decretos-ley en materia de vivienda, aprobados por el Gobierno de España el pasado martes, tras el desahucio de Maricarmen, una anciana madrileña de 87 años, y las movilizaciones registradas en varias ciudades. El Ejecutivo esperará al pleno de mañana del Congreso de los Diputados, que abordará su convalidación, para armar uno o dos recursos por invasión de competencias autonómicas y por ser contrarios a los intereses de la Comunidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que analizarán «con detalle» los textos aprobados por el Consejo de Ministros antes de armar los recursos, pero consideró que invaden «claramente» las competencias de la Comunidad.

Al respecto, el portavoz de la Junta insistió en que en este momento está en vigor el primero de los dos reales decretos-ley publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien este jueves ha salido otro que enmienda en parte el anterior, pero precisó que mañana podría decaer alguno de ellos. Por ello, consideró que tendrán que esperar porque el sábado la legislación aplicable en materia de vivienda podría ser diferente a la de hoy, a la del miércoles o la de este viernes.

En términos generales, Fernández Carriedo rechazó los dos textos porque a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez «equivoca» el objetivo de las acciones a tomar en materia de vivienda, ya que denunció lo previsto va a reducir la oferta existente al generar «menos confianza» en los propietarios, lo que va a desincentivarles a la hora de sacar su casa al mercado del alquiler, ya que argumentó no saben «muy bien» qué normas se van a aplicar. Otro de los aspectos que censuró es la inseguridad jurídica que en su opinión se está provocando en la ciudadanía.

Asimismo, el consejero portavoz trasladó que en esta materia hubiera sido «bueno» que el Gobierno central hubiera consultado la opinión de las comunidades autónomas, a las que les obliga a aplicar algunos aspectos de la nueva normativa. A pesar de su «exclusión total» y falta de participación, indicó que tendrán que asumir el pago de las rentas cuando un inquilino no lo haga con su casero.

Igualmente, reiteró que en Castilla y León no se aplicarán las denominadas zonas de mercado residencial tensionado. «El tiempo nos ha dado la razón», apuntó Fernández Carriedo porque repitió donde se han declarado es donde «más problemas» y «más desahucios» se están produciendo. De hecho, aseguró que no van a «incurrir en los errores» cometidos por otros territorios ya que remarcó estas iniciativas han «fracasado».

Por último, el portavoz defendió la política «integral» de la Junta, que precisó apuesta por dar «seguridad» y «confianza» a los propietarios para que alquilen su vivienda, con el objetivo de incrementar la oferta, así como por facilitar el acceso a los colectivos que tienen más dificultades con medidas como las ayudas al alquiler, los avales a las hipotecas, el programa 'Tuya' o las rebajas fiscales. Además, responsabilizó al Gobierno de haber convertido este asunto en el «principal» y «primer» problema de los españoles.