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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa situación de bloqueo naval de Venezuela y la acumulación de fuerzas militares en la zona parecía hace un año amenazar con la intervención directa contra el régimen bolivariano. Sin embargo, Washington optó por una operación de golpe de mano para secuestrar al presidente Maduro, precedida por un bombardeo preventivo de supresión de defensas. Poco después, Estados Unidos anunció un acuerdo con el propio gobierno venezolano para conducir una transición, que enseguida se vio que tenía como prioridad, no la esperada legitimación democrática del ejecutivo, sino el control del petróleo. La intervención militar, solicitada por la propia oposición venezolana para derrocar al régimen, al final no era más que un negocio de extracción de recursos. Venezuela ha pasado un ciclo convulso desde la muerte del comandante Chávez: una oposición política insumisa y abiertamente golpista, y un régimen dictatorial que responde con represión y fraude electoral, mientras se deterioraba la convivencia, la estabilidad y la situación socioeconómica. La culminación llega este año con la operación de fuerzas especiales para descabezar el país y, ante la sorpresa de las fuerzas opositoras que no sospechaban la existencia de una negociación previa de la CIA, la continuación del régimen bolivariano con una troika encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez como presidente del parlamento oficialista y el hombre fuerte de la Seguridad, Delicado Cabello. La flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es desplazada de la operación de control, pese a su escaso comedimiento en el entusiasmo por la invasión militar de su propio país. Forzados por la imposición militar y como posibilidad de supervivencia, el gobierno venezolano en funciones ha dado algunos pasos en la rendición de cuentas a la sociedad: la excarcelación de un millar de presos políticos, la restauración de algunas garantías constitucionales, la reclamación de activos patrimoniales en el extranjero y la renovación de los órganos jurisdiccionales con la investidura de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como principales resultados. No obstante, por lo que respecta a la situación de las cárceles, la reciente misión de la ONU ha constatado la persistencia del aparato represivo estatal con frecuentes tratos inhumanos y degradantes y, lo más preocupante, la práctica habitual de la tortura a los internos.Al cuadro de incertidumbre política descrito, se une el terremoto del pasado mes de junio que ha agravado extraordinariamente la situación de precariedad de la población, con escasez alimentaria y desocupación generalizada, y no solo de las poblaciones directamente afectadas, con miles de muertos y desaparecidos, viviendas destrozadas y campamentos improvisados, sino también de otras ciudades que sufren los daños a las infraestructuras con periódicos cortes de electricidad. Esta nueva catástrofe natural crea una crisis de emergencia humanitaria compleja al incidir sobre las previas condiciones sociales en la que vivía la mayoría de la población residente. La combinación de crisis política, deterioro de la economía y conflicto social ha producido el éxodo de hasta 8 millones de personas, comprometiendo el desarrollo normal del país. En esta coyuntura de factores y circunstancias que atraviesa el país, Washington y Caracas concretan su acuerdo, negociado también de forma totalmente opaca, para la explotación directa de la cuarta parte de las reservas de petróleo, calculadas en unos 65 000 millones de barriles, con la inversión de 100.000 millones para recuperar la industria y que podría suponer para el país un retorno impositivo del doble de esta cantidad. La explotación se realizaría con un contrato de participación productiva en empresa mixta, por un periodo de 25 años prorrogables. Washington, en cambio, habla de 100 años, concesiones de precio coste y dominio estratégico en el accionariado. Los analistas señalan la vaguedad de este anuncio que no concreta a los operadores, las condiciones operativas y los plazos de ejecución. Por otra parte, y aunque se ha anunciado ya el regreso de algunas grandes multinacionales energéticas (Shell, BP, XRG, UCC), la seguridad jurídica queda seriamente afectada al desconocerse la competencia jurisdiccional, las dudas sobre la legalidad internacional de un negocio totalmente atípico en el tráfico comercial y la dependencia del acuerdo de los actuales gobiernos. Para arrojar más confusión al plan, el consorcio ha designado a Alejandro Betancourt, investigado por desfalco a la empresa estatal PDVSA, para coordinar la puesta en práctica del acuerdo de intereses en el mercado, cuyo primer efecto puede ser desincentivar la celebración de elecciones a corto y medio plazo. La reacción de la candidata opositora, María Corina Machado, descolocada una vez más por el anuncio de conveniencia, ha sido denunciar la falta de legitimidad del gobierno para comprometer los recursos nacionales, mientras que guarda un llamativo silencio sobre el pragmatismo de la política de Trump, con humillación explícita de la propia lideresa opositora y desconocimiento de su representación política. En su comunicado, deja ver su desacuerdo por la forma plasmada y la interlocución elegida por Washington, pero no por el fondo de que Estados Unidos, a través de sus empresas energéticas, sea el socio estratégico de Venezuela y, como consuelo por la poca airosa situación en la que queda, emplaza a un futuro gobierno democrático a reconducir la relación. En un nuevo giro caricaturesco de la política internacional, el presidente Trump se constituye, de hecho, en el CEO de la explotación petrolífera y la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una suerte de Consejera Delegada, que pronto pasará a rendir cuentas de la gestión, tras su participación en la Asamblea General de la ONU. En último término, y dada su estrecha vinculación política, el acuerdo de protectorado comercial Washington-Caracas durará lo que dure el mandato de Trump, aunque complicará la recuperación de la soberanía venezolana sobre sus recursos por los compromisos que generará la operativa desarrollada en función de esta imposición neocolonialista. Los venezolanos verán obstaculizado su regreso a la democracia que solo puede venir de elecciones libres, con supervisión internacional garantizada, y promulgación de una nueva constitución por una asamblea constituyente soberana, que cierre a la vez el pasado bolivariano y la sumisión a Washington. Pero antes del necesario cambio en Venezuela tendrá que llegar el no menos necesario cambio en Estados Unidos.