El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo (La Libertad Avanza), anunció una nueva flexibilización de los préstamos en dólares, al autorizar a los bancos a financiar a empresas que no tienen ingresos en moneda extranjera. 

En conferencia de prensa, Caputo explicó que la medida incluye únicamente a empresas (las personas físicas continuarán restringidas). La novedad es que ya no será requisito que la firma sea exportadora de bienes o servicios (es decir, que genere dólares) como ocurría hasta ahora. 

No obstante, los bancos sólo podrán prestarle a este tipo de empresas hasta el 15% de sus depósitos totales en moneda extranjera, y los dólares de la operación deberán liquidarse (es decir, cambiarlos por pesos) en el mercado de cambios para evitar el “efecto multiplicador”, un fenómeno que ocurre cuando el tomador de un crédito deposita el dinero en el banco, lo que permite que esos fondos vuelvan a prestarse. 

El Gobierno ya había anunciado 2 flexibilizaciones para favorecer los préstamos en dólares. En primer lugar, autorizó a los bancos a financiar en dólares a empresas que no generaban ingresos en divisas, pero con fondos propios (es decir, sin utilizar los depósitos de sus clientes). 

En segundo lugar, permitió que empresas que no generan divisas accedieran a un crédito en dólares, siempre y cuando presentaran garantías de empresas exportadoras, que eventualmente debían responder por la deuda. 

En 2002, mediante el decreto de necesidad y urgencia Nº 905, el gobierno de Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) limitó los préstamos en dólares sólo a operaciones de comercio exterior. 

De esta forma, buscó asegurar que los tomadores de deuda tuvieran un ingreso genuino en dólares para afrontar los pagos. 

El ex presidente del BCRA, Guido Sandleris, señaló en X que “después de la crisis de 2001 se establecieron regulaciones que dividieron al sistema bancario en 2 segmentos (pesos y dólares), aislados entre sí. El objetivo era evitar que una fuerte depreciación del peso volviera impagables esos créditos y terminara poniendo en riesgo la capacidad de los bancos para devolver los depósitos en dólares”.

“Esa regulación prudencial permitió que Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria. No fue casualidad: fue el resultado de haber aprendido una lección muy costosa”, completó.

¿Por qué se llegó a esta situación? Hasta 2001 regía en el país la Ley de Convertibilidad, que establecía la paridad entre el peso y el dólar. Este “1 a 1” hizo que muchas personas ahorraran o se endeudaran en pesos o en dólares, indistintamente. 

En un artículo publicado en 2008 por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pablo Guidotti (ex viceministro de Economía entre 1996 y 1999) calculó que en diciembre de 2001 los préstamos en dólares ascendían a US$ 34.707 millones, equivalentes al 13% del PBI de ese año. Para dimensionar cómo cambió el peso de este tipo de financiamiento desde entonces, a fines de 2025 los préstamos en dólares sólo representaban el 3% del PBI.  

La toma de préstamos en dólares generó un “descalce de monedas”, un fenómeno que ocurre cuando una persona o empresa tiene ingresos en una moneda (por ejemplo, el peso) y está endeudada en otra divisa (dólares). El riesgo es que, ante una devaluación, la deuda aumente exponencialmente, dado que el tomador del crédito necesitará muchos más ingresos para poder afrontar sus obligaciones. 

En un trabajo publicado por el Banco Central, los economistas Emiliano Basco, Tomás Castagnino, Sebastián Katz y Sebastián Vargas, plantearon que antes de 2002 “los bancos colocaban una elevada proporción de los préstamos denominados en dólares a residentes, tanto a la administración pública, a las familias como a las empresas, con ingresos provenientes de la producción de servicios y bienes no transables [N. de la R: que no se negocian en dólares]. De esta forma, la cobrabilidad de estos créditos estaba seriamente expuesta a modificaciones abruptas del tipo de cambio real”.

Esto es lo que ocurrió en 2002: al asumir la presidencia, Duhalde derogó la Ley de Convertibilidad y ordenó una devaluación del 28,5%, fijando la cotización en $ 1,40 por dólar (aunque durante ese mismo año tuvo un pico de $ 4). 

Complementariamente, para evitar los efectos del descalce de monedas ordenó una pesificación asimétrica de los ahorros y las deudas. De este modo, mientras que los depósitos en dólares se convirtieron a $ 1,40, las deudas lo hicieron “1 a 1”. 

Esto impactó negativamente en el balance de los bancos, dado que su deuda (los depósitos de los ahorristas) aumentó 40%, mientras que sus acreencias (los préstamos otorgados) se mantuvieron en el mismo valor. Para subsanar este descalce, el Gobierno entregó a los bancos un título público (denominado Boden 2012).

Guidotti indicó que “los deudores en moneda extranjera fueron claros beneficiarios de la pesificación”. 

Y agregó: “La pesificación resultó en un subsidio cruzado desde los depositantes, entidades financieras y tenedores de deuda pública en beneficio de los deudores pesificados, la mayoría de los cuales se originaron en créditos bancarios a empresas e individuos. Los bancos y demás entidades financieras fueron claros perdedores en este proceso”.