La propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de incrementar hasta un 150% el IBI de las viviendas de uso turístico plantea una cuestión que va más allá de la fiscalidad. ¿Puede una administración utilizar los impuestos para dificultar un uso legal y amparado por licencias con carácter indefinido que ella misma otorgó?

El problema no es solo la cuantía del impuesto, sino su finalidad: penalizar deforma selectiva a viviendas que cumplen  la normativa vigente y cuyos titulares han actuado conforme a  las reglas establecidas por el Ayuntamiento. Cuando una administración convierte una licencia concedida por ella misma en motivo de penalización, se resiente la seguridad jurídica. Los ciudadanos deben poder confiar en que las normas y autorizaciones ofrecen un marco estable y previsible.

Este tipo de regulación de carácter penalizador se aleja, además, de los principios de proporcionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica que inspiran el marco europeo y que deben guiar la actuación de las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea.

Existe, además, una pregunta difícil de obviar. ¿Qué justifica que disponer de una licencia turística pueda traducirse en un incremento del IBI de hasta el 150%? Una medida de esta magnitud exige una justificación objetiva y proporcionada. Si el objetivo es mejorar el acceso a la vivienda, las medidas deberían responder a criterios generales, coherentes y respaldados por evidencias. Y, si se pretende desincentivar usos económicos en viviendas, cabe preguntarse por qué se penaliza únicamente al alojamiento turístico.

Barcelona no concede nuevas licencias de viviendas turísticas desde 2014. Han pasado más de doce años y, durante este tiempo, el problema de acceso a la vivienda se ha agravado notablemente: el precio del alquiler en la ciudad ha aumentado alrededor de un 76%. Este dato obliga a preguntarse hasta qué punto puede atribuirse a una oferta turística congelada desde hace más de una década la responsabilidad de una crisis que responde a causas mucho más amplias y estructurales.

La vivienda exige políticas ambiciosas y de largo alcance: más vivienda asequible, una mejor movilización del suelo disponible, procesos urbanísticos más ágiles y medidas capaces de actuar sobre las causas reales del problema. Señalar una y otra vez a las viviendas turísticas legales puede simplificar el debate, pero no acerca a Barcelona a una solución.

Lo más preocupante de esta propuesta es el precedente que puede sentar. Hoy se utiliza la fiscalidad para dificultar un uso legal concreto; mañana podría aplicarse la misma lógica sobre cualquier otro ámbito que una administración considere que debe desincentivar. Por eso la proporcionalidad, la objetividad y la seguridad jurídica son garantías esenciales.

Barcelona necesita afrontar el reto de la vivienda, pero no a costa de quienes cumplen las normas y cuentan con autorizaciones vigentes. Cualquier decisión pública debe estar justificada con datos, ser proporcionada y respetar los derechos reconocidos por la propia administración.