El listón de la ejemplaridad en política está cada día más alto. No es de extrañar que gente capacitada y de buen nivel ni se plantee dedicarse a trabajar en la Administración o dar la cara en una formación política. En marzo del 2023 ya nos llamó la atención la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para defender su honorabilidad y la del instituto armado que dirigía, tras conocerse la imputación judicial de su marido, Juan Carlos Martínez, en el caso de los ERE de Andalucía. Su trabajo en la Guardia Civil no tenía nada que ver con las actividades de su marido, pero ante la imputación de este, Gámez decidió irse a su casa. Al año siguiente, el caso contra su esposo fue archivado, pero ya no recuperó el cargo. Eso sí, en septiembre del 2024 fue condecorada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Ayer vimos otro caso que aún es más llamativo. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimitió de su cargo tras conocerse los negocios inmobiliarios de su pareja. Sí, escribimos bien, los negocios de su pareja. No estamos ante un caso de imputación o presunta corrupción. Simplemente se ha dado la contradicción de que Mínguez ha criticado a los fondos buitre y, al parecer, su pareja tiene una empresa, heredada de su familia, que cuenta con 30 pisos en propiedad destinados al alquiler. Más allá de poder discutir si esta sociedad es un fondo buitre o no, no se le ha podido detectar a la pareja de Mínguez ninguna irregularidad. El PP la criticó hace dos días por la “incoherencia” entre su discurso y las actividades de su pareja. Algo que entra dentro del juego normal de la confrontación política. La pregunta es si esta presunta incongruencia es suficiente para acabar con la carrera política de una persona. El número de contradicciones, desatinos o cambios incoherentes de opinión de muchos políticos es algo consustancial a su trabajo y más en estos tiempos tan líquidos donde se lanzan las frases ingeniosas de la forma más rápida posible en las redes sociales.

Mínguez no ha cometido ningún delito, ni su pareja tampoco. Se tendría que dejar a los elec­tores que valorasen si ha actuado con suficiente ética o no. Ir más allá es criminalizar la actividad política.

Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992