La cuestión de la sostenibilidad de la deuda pública en la Unión Europea, y de modo especial, en la zona del euro, ha resurgido con intensidad en el 2026. Después de más de una década de relativa calma tras la crisis soberana del 2010-2012, los mercados de bonos han vuelto a discriminar entre emisores, impulsados por el deterioro de las cuentas públicas de economías centrales, el aumento de los costes de financiación y la persistencia de déficits estructurales. Este conjunto de factores son los determinantes de una eventual nueva crisis de deuda en Europa.

Según los datos más recientes de Eurostat, la ratio de deuda pública sobre el PIB en la zona euro se situó en torno al 87%-89% a finales del 2025 y comienzos del 2026, un nivel moderado en términos agregados, pero que oculta una heterogeneidad significativa. Grecia mantiene la ratio más elevada (alrededor del 146% el 2025, con tendencia descendente), seguida de Italia (137%- 139%), Francia (115%-119%) y Bélgica (cerca del 108%). España se sitúa en torno al 100%-102%, mientras que Alemania permanece por debajo del 65%.

El caso francés concentra la atención de los mercados. La deuda pública en Francia superó los 3,6 billones de euros, equivalentes a aproximadamente el 119% del PIB y el déficit para el año en curso se situará en el 5,4% del PIB. El diferencial entre el bono francés a diez años (OAT) y el Bund alemán alcanzó niveles cercanos a los 140-152 puntos básicos, máximos desde la crisis del 2011-2012. Los rendimientos del bono francés se aproximaron al 5%, superando en ciertos momentos a los de Italia y Grecia. Esta situación refleja tanto la magnitud del desequilibrio fiscal del Hexágono como la incertidumbre política asociada a la fragmentación parlamentaria y a las elecciones presidenciales del 2027.

Italia, aunque presenta una ratio de deuda superior, ha mostrado en los últimos años una trayectoria fiscal más disciplinada, con mejoras en el superávit primario. España ha logrado reducir gradualmente su ratio gracias a un crecimiento nominal más robusto, pero mantiene un déficit estructural muy alto, en el entorno del 3%-3,5% del PIB. En ambos casos, la sensibilidad a un incremento sostenido de los tipos de interés permanece elevada. El riesgo de crisis de deuda soberana se articula en torno a tres dimensiones interrelacionadas: sostenibilidad fiscal de medio plazo, condiciones de financiación y posibles efectos de contagio.

La Comisión Europea (Debt Sustainability Monitor 2025) identifica doce estados miembros con alto riesgo a medio plazo bajo el supuesto de políticas invariables. Francia, Italia, Bélgica y España figuran entre aquellos cuya deuda es muy voluminosa y sigue una trayectoria ascendente. El efecto bola de nieve –cuando el tipo de interés efectivo supera la tasa de crecimiento nominal– adquiere mayor relevancia a medida que los vencimientos de deuda emitida en el periodo de tipos bajos se refinancian a niveles más altos. Las proyecciones del FMI indican que el servicio de la deuda en las economías avanzadas se incrementará significativamente hacia el 2030-2031.

En segundo lugar, las condiciones de mercado se han endurecido. Aunque los plazos medios de vencimiento de la deuda soberana europea se han alargado, lo que proporciona un margen temporal, el aumento de las necesidades brutas de fi­nanciación genera presión recurrente ­sobre los mercados. La exposición de la banca a la deuda soberana interna –especialmente elevada en Francia y España– introduce un posible canal de retroalimentación entre riesgo soberano y estabilidad financiera.

En tercer lugar, el contagio constituye una preocupación legítima. Las tensiones en el mercado francés han provocado ampliaciones moderadas de los diferenciales italianos, españoles y griegos. A diferencia del 2010-2012, cuando varios países de la periferia registraban déficits por cuenta corriente de dos dígitos, la mayoría de las economías de la zona del euro presentan posiciones externas más equilibradas. Sin embargo, la interconexión de los mercados de capitales y la percepción de que un país de gran tamaño como Francia podría afrontar dificultades de refinanciamiento generan un riesgo sistémico potencial.

Existen factores atenuantes importantes. El Banco Central Europeo dispone del Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), diseñado precisamente para contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas e injustificadas, aunque su activación requiere el cumplimiento de criterios de sostenibilidad fiscal. Los vencimientos largos de la deuda otorgan tiempo para ajustes presupuestarios. Además, el marco de gobernanza fiscal europeo, reforzado tras la reforma del 2024, impone planes estructurales de medio plazo que, en principio, orientan hacia la consolidación.

El riesgo de una crisis de deuda soberana en Europa no es despreciable. Se concentra de manera particular en la dinámica francesa, cuya combinación de elevado déficit, deuda creciente e inestabilidad política ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad. A medio y largo plazo, ello dependerá de la capacidad de los gobiernos –especialmente de los más endeudados– para implementar ajustes creíbles que estabilicen las ratios de deuda sin sofocar el crecimiento. Un escenario de tipos de interés persistentemente elevados, combinado con shocks geopolíticos o energéticos adicionales, podría erosionar estos márgenes. La vigilancia continua de los mercados, la aplicación coherente del marco fiscal europeo y la coordinación entre política monetaria y fiscal resultan, por tanto, esenciales para prevenir que el ­estrés actual se transforme en una crisis sistémica.