Con motivo de la celebración del XX Congreso de Cermis Autonómicos en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, enmarcado en el balance de dos décadas (2006-2026) de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, conversamos con Juan Carlos Hernández, vicepresidente de Cermi Canarias y presidente de Cocemfe Canarias. En esta entrevista, el representante asociativo desgrana la trascendencia de situar al Archipiélago en el centro del debate nacional, analiza la condicionalidad geográfica y el sobrecoste insular, reflexiona sobre el alcance del renovado artículo 49 de la Constitución y denuncia las asignaturas pendientes del sector público en materias como la educación inclusiva, la atención a las familias cuidadoras y las cuotas de empleo reservado.

El XX Congreso de Cermis Autonómicos hace balance de dos décadas de la Convención de la ONU. Tras 20 años, ¿cuál es el diagnóstico sobre la aplicación de esta norma en Canarias?

La importancia de este congreso radica en que se cumplen 20 años de los congresos autonómicos y se celebra en Gran Canaria para abordar el balance de dos décadas de la resolución de la ONU sobre personas con discapacidad. Que Canarias sea el epicentro estatal de la discapacidad dice mucho de su relevancia. En las islas esto supone avances en la Ley de Dependencia, la inclusión en educación ordinaria, la protección de mujeres y niñas ante la doble discriminación o la curatela. La discapacidad abarca hacienda, educación, sanidad, empleo, justicia y transporte. Aunque tenemos la mejor legislación, debemos exigir su cumplimiento.

En el encuentro usted modera el debate sobre la condicionalidad geográfica. ¿De qué manera la insularidad y la doble insularidad condicionan los derechos en la ultraperiferia?

Cuando acudimos a la Península no siempre se tiene en cuenta la singularidad de la ultraperiferia ni el sobrecoste que conlleva. En Canarias no son iguales las facilidades de acceso para alguien que vive en El Hierro o La Graciosa que para quien reside en La Laguna o Telde. Mientras en la Península se habla de la España vaciada, en Canarias el principal problema para disponer de profesionales es el alto coste de la vivienda. Por ello, que Cermi Estatal y Cermi Canarias celebren este congreso aquí resulta fundamental para que en Madrid conozcan la realidad insular.

«En la península se habla de la España vaciada, en Canarias el problema para disponer de profesionales es el alto coste de la vivienda»

Juan Carlos Hernández

— Vicepresidente de CERMI Canarias y presidente de COCEMFE Canarias

El congreso concluirá con la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué compromisos concretos buscan trasladar a las administraciones públicas tras el encuentro?

Al final de cada congreso se elaboran conclusiones que se elevan a la administración. En esta ocasión se realiza un balance de la aplicación de la Convención de la ONU para trasladar las mejoras necesarias en los derechos de las personas con discapacidad. Juristas, Fiscalía y sector asociativo expondrán experiencias y analizarán junto al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria el desarrollo de las políticas sociales autonómicas e insulares.

Juan Carlos Hernández, vicepresidente de Cermi Canarias / La Provincia

El Cermi opera como la plataforma unitaria del sector asociativo. ¿Cómo se coordina el trabajo entre las distintas entidades del archipiélago para hablar con una sola voz?

Lo fundamental es el valor de la unidad del movimiento social de la discapacidad. Estar unidos nos permite defender con firmeza aspectos comunes a todas las discapacidades, como empleo, educación, sanidad, accesibilidad, transporte o medidas fiscales. Aunque cada discapacidad requiera un tratamiento específico, la unidad de las entidades es la herramienta clave para conseguir avances normativos, consolidar derechos y mejorar la vida de las familias.

Durante las jornadas se abordará el alcance del renovado artículo 49 de la Constitución. ¿Qué impacto real debe tener este nuevo marco constitucional en las islas?

La modificación de la Constitución para cambiar el artículo 49 demuestra la relevancia del Cermi al haber logrado poner de acuerdo a todos los grupos políticos. Se fija la denominación de personas con discapacidad, se otorga protección explícita a mujeres y niñas y se promueve la autonomía personal ante la institucionalización. En Canarias esto debe traducirse en un refuerzo de la atención a la dependencia. Toda inversión en este ámbito revierte en la sociedad, pues genera actividad económica, empleo y retornos fiscales.

«La falta de recursos escolares para la discapacidad aboca a las familias a la pobreza»

Juan Carlos Hernández

— Vicepresidente de Cermi Canarias

Garantizar la educación inclusiva es un mandato de la ONU. ¿Qué barreras persisten aún en las aulas canarias para lograr una inclusión plena del alumnado?

La integración del alumnado en centros ordinarios debe ir acompañada de medios y apoyos adecuados. La realidad en Canarias es que existen colegios preferentes con ascensores estropeados, falta de baños adaptados y ausencia de auxiliares para la higiene del alumnado. Esta carencia aboca a que las madres tengan que acudir al colegio a atender a sus hijos, impidiéndoles trabajar y generando pobreza familiar. Además, al cumplir 21 años, los jóvenes con discapacidad sufren una falta de recursos o centros ocupacionales.

Esta falta de apoyos en el entorno escolar afecta directamente a las familias. ¿Se dispone en Canarias de recursos suficientes para aliviar la carga de los cuidadores?

Faltan recursos en ese sentido, tanto en actividades extraescolares como dentro de los centros. En salud mental, hay madres que deben permanecer en el colegio por si su hijo sufre una crisis, al no disponer el centro de personal preparado. Esta sobrecarga obliga a reducir jornadas o abandonar el empleo, lo que acarrea pobreza en la unidad familiar y frena la independencia de las mujeres. Aunque la legislación reconoce estos derechos, debemos luchar para que se cumplan.

«El problema grave está en el sector público, donde las administraciones incumplen la reserva de empleo»

Juan Carlos Hernández

— Vicepresidente de Cermis Canarias y presidente de COCEMFE Canarias

En cuanto al acceso al mercado laboral, ¿cómo evalúa el cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo y la adaptación de puestos de trabajo en el archipiélago?

En el sector privado en Canarias existe un buen cumplimiento del 2% en grandes empresas gracias a la coordinación entre el Servicio Canario de Empleo y la Inspección de Trabajo. El problema grave está en el sector público, donde las administraciones incumplen de manera sistemática la reserva del 5% para personas con discapacidad y del 2% para discapacidad intelectual. Además, personas que aprueban una oposición comprueban que la administración no adapta sus puestos de trabajo.

Para concluir, ¿qué significado tiene para el movimiento asociativo que Canarias acoja este encuentro de ámbito nacional?

Que Gran Canaria y Canarias acojan este congreso de Cermis Autonómicos es muy relevante al coincidir con el 20 aniversario de la Convención de la ONU. Convertir al Archipiélago en el epicentro estatal de la discapacidad permite proyectar las conclusiones a nivel nacional y sirve para dar a conocer desde Canarias las singularidades de los territorios insulares.

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