Gloria Fernández-Pacheco Alises es profesora titular del área de Derecho Penal de la Universidad Loyola y responsable de su grupo de investigación en Migraciones. Su trayectoria investigadora abarca la delincuencia juvenil, la justicia restaurativa aplicada a jóvenes y la evaluación de riesgos en el ámbito de las migraciones. Ha participado en proyectos internacionales sobre jóvenes migrantes, discriminación y violencia. Dirige dos líneas de trabajo que estudian las migraciones desde perspectivas complementarias. En el Observatorio de Migraciones de UNIJES (la red de los centros universitarios vinculados a la Compañía de Jesús en España), su equipo investiga las experiencias de quienes llegan a España por la ruta atlántica y la protección de sus derechos durante el tránsito y la acogida.
En Andalucía, lidera VRIME II, un proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El trabajo en colaboración con el Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía y centros de protección busca validar y mejorar una herramienta para orientar la atención a menores migrantes y jóvenes extutelados. Ambos parten de una misma preocupación: convertir el conocimiento en recursos útiles para quienes intervienen sobre el terreno.
Pregunta.La situación de Ceuta ha vuelto a poner el foco en la frontera sur. ¿Qué puede aportar la universidad a este debate?
Respuesta.La primera aportación es ayudarnos a comprender una realidad compleja. Las cifras de llegadas son necesarias, pero no explican por sí solas las circunstancias de quienes cruzan la frontera ni las necesidades que aparecen después. Hay que escuchar a las personas migrantes y estudiar cómo se organiza la respuesta. Desde la universidad podemos reunir distintas miradas y aportar conocimiento que ayude a tomar decisiones respetuosas con los derechos humanos.
P.Cuando la atención se concentra en responder a una situación urgente, ¿qué conviene no perder de vista?
R.Que detrás de cada cifra hay una persona con una trayectoria y unas necesidades concretas. La urgencia exige recursos y coordinación, pero también identificar quién necesita una protección específica y qué atención resulta adecuada. Esto es especialmente importante cuando hablamos de menores de edad. La investigación puede ayudar a detectar dificultades que pasan inadvertidas y a valorar si las respuestas que se ofrecen funcionan. Desde el Observatorio de Migraciones UNIJES estamos trabajando en una herramienta para medir indicadores de vulnerabilidad en menores y jóvenes migrantes que son formados en entidades de intervención como ECCA social Canarias.
P.¿Cómo abordan las migraciones desde el grupo que dirige?
R.Trabajamos desde distintas disciplinas (Derecho, Relaciones internacionales, Criminología, Psicología, Comunicación, y Salud) porque un solo enfoque impide entender todo el proceso migratorio. Nos interesan las experiencias de tránsito, la protección de los derechos, la acogida y la inclusión. También buscamos que la investigación tenga una aplicación práctica. Para ello es fundamental trabajar con las entidades que conocen de primera mano la realidad de las personas migrantes y participan en su atención.
P.¿Qué estudian en el proyecto sobre la ruta atlántica que desarrollan dentro de UNIJES?
R.Queremos comprender cómo viven las personas ese recorrido, qué factores influyen en sus decisiones y qué ocurre cuando llegan a España. El proyecto presta atención a un modelo multidimensional de indicadores de vulnerabilidad que integra cuestiones como la edad, el género, la salud o las redes de apoyo, el racismo o la discriminación y contempla escuchar tanto a jóvenes migrantes como a profesionales y organizaciones. Esa información puede revelar necesidades de protección que no aparecen cuando solo observamos los flujos de llegada.
P.¿Puede ese conocimiento ser útil para abordar situaciones como la de Ceuta?
R.La ruta atlántica y Ceuta son contextos distintos; no podemos trasladar automáticamente las conclusiones de uno a otro. Pero comparten preguntas relevantes: cómo reconocer situaciones de vulnerabilidad, cómo proteger derechos y cómo ofrecer una acogida adecuada. Trabajar junto a entidades que intervienen en Canarias y otros territorios nos ayuda a contrastar lo que investigamos con las necesidades reales de la intervención.
P.También lidera VRIME II. ¿Qué pretende conseguir este proyecto?
R.Partimos de una herramienta digital desarrollada en una investigación anterior para ayudar a detectar necesidades de intervención, riesgos y factores de protección en menores migrantes acogidos. Ahora queremos validarla y mejorarla, incorporando también una versión dirigida a jóvenes extutelados. El objetivo es ofrecer a los profesionales de la intervención más información para orientar una atención individualizada. Esta nueva fase se desarrolla con el Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, perteneciente a la Junta de Andalucía, y centros de protección; aún debemos comprobar los resultados de la herramienta mejorada.
P.VRIME II plantea incorporar modelos predictivos. ¿Qué papel deberían desempeñar en la atención a estos jóvenes?
R.El proyecto estudiará si el análisis de datos puede ayudar a anticipar riesgos de exclusión social e intervenir de manera preventiva. Se validará la herramienta mejorada para integrar algoritmos predictivos por áreas de intervención. Una herramienta puede aportar información sistematizada por perfiles y un enfoque de derechos humanos transversal, pero los datos necesitan interpretarse teniendo en cuenta la situación de cada persona y la experiencia de quienes la acompañan. Lo que buscamos es dar apoyo a la intervención y fortalecer los factores que favorecen la inclusión.
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