La muerte de Maricarmen Abascal nos ha dado una sacudida. No ha sido solo la constatación de una tragedia personal, sino el estallido de miles de personas que, en su nombre, han salido a la calle a reclamar lo que la Constitución reconoce y la realidad niega: el derecho a la vivienda. Su caso ha concentrado en una sola persona todo lo que funciona mal en España en materia de acceso a una vivienda, la especulación con viviendas de protección social, la desprotección de las familias vulnerables, la lentitud administrativa y, especialmente, la ausencia de una política estable, que no cambie con cada gobierno. 

Las administraciones, como su propio nombre indica, deben administrar y no deben derivar la solución del problema de la vivienda a los pequeños ahorradores que invierten en vivienda, como otros lo hacen en acciones de grandes compañías, para complementar, en la mayoría de los casos, su pensión de jubilación.

Es conocido que la vivienda es un problema complejo y antiguo. No tiene una única causa ni una única solución. Intervienen muchos factores, empezando por un mercado imperfecto, que no funciona como el de la mayoría de los productos. Por eso, cualquier respuesta seria exige un gran acuerdo estable entre todas las administraciones responsables, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central. Ninguna de ellas, por sí sola, puede resolver el problema, pero todas juntas, sí pueden hacerlo.

Las comunidades autónomas son las grandes ausentes en demasiadas ocasiones. Tienen las competencias clave en vivienda. Y, sin embargo, su papel se limita a menudo a una política de gestos, salir en las fotos entregando unas llaves, inaugurar promociones con meses de retraso, comparecer ante los micrófonos para anunciar planes que llegan tarde y con frecuencia no se materializan, como las operaciones Campamento y Chamartín–Nuevo Norte, en la ciudad de Madrid, donde la responsabilidad se extiende al Ayuntamiento de la capital y a la Administración central. Es necesario reconocer que todas las administraciones tienen alguna responsabilidad, y, por tanto, deben colaborar en la solución del problema.

Si una práctica es legal y produce daño, el problema no es el adjetivo con el que se la describa, sino la norma que la permite

No vale solo con salir en las fotos. La obligación fundamental de las comunidades es acometer el problema de fondo, saber cuántas viviendas de protección tienen, en qué estado están, quién las ocupa y cuántas familias están en lista de espera. 

Hay algo más grave todavía. No parece sensato que los encargados de regular estos procesos llamen fondos buitres a empresas que operan legalmente en este país, mientras se es incapaz de cambiar la legislación para impedir las operaciones que provocan daños en personas vulnerables, como el caso de Maricarmen Abascal. Si una práctica es legal y produce daño, el problema no es el adjetivo con el que se la describa, sino la norma que la permite. Denunciar al comprador y exculpar al legislador es una manera cómoda de hacer política y una manera inútil de proteger a nadie. Las comunidades tienen en sus manos instrumentos normativos y de control para blindar las viviendas de protección pública y regular las cesiones de derechos de uso. Si no los usan, la responsabilidad es suya.

No estamos condenados a improvisar. Hay medidas que funcionan en países de nuestro entorno, probadas durante décadas, y que podrían importarse sin grandes costes políticos. La más importante es la de los contratos de alquiler indefinidos, con las excepciones personales que supone la posibilidad de recuperar la vivienda para uso propio o de familiares, o por venta. En Alemania, en Austria, en los Países Bajos, incluso en Italia, el alquiler es la norma y la estabilidad, la regla: el propietario no puede desahuciar a su inquilino sin causa justificada, los incrementos de renta están indexados y limitados, y una familia puede vivir décadas en la misma casa sin el sobresalto anual de la renovación o la subida.

La consecuencia de ese marco es conocida, mercados de alquiler más estables, precios más contenidos y una movilidad residencial razonable. Y conviene subrayar un detalle, incómodo para la polarización política en España: muchos de esos países tienen gobiernos conservadores o los han tenido durante largos períodos. La estabilidad del alquiler no es una ocurrencia de la izquierda radical europea; es una política de Estado que la derecha y la izquierda han mantenido por igual, porque entienden que un país donde la gente no puede planificar su vida en un hogar es un país peor para todos.

¿Por qué, entonces, en España el Partido Popular se opone? ¿Por qué cada reforma de la ley de alquiler se convierte en una trinchera, incluso cuando se limita a importar lo que ya funciona en democracias vecinas dirigidas por conservadores? No hay una respuesta técnica, no es una cuestión de coste ni de constitucionalidad. Es, sobre todo, una cuestión de inmovilismo político, de pánico a las críticas de ciertos sectores económicos refugiados en la especulación. Mientras el PP no acepte pactar medidas como las que aplican los gobiernos conservadores del norte de Europa, y quienes proponen las reformas no acepten blindarlas frente al ciclo electoral, España seguirá siendo un país donde alquilar es, para millones de personas, vivir en una inquietante provisionalidad.

O se llega a un gran acuerdo entre instituciones y partidos políticos, con un horizonte de 25 o 30 años, blindado frente a los ciclos electorales, o la muerte de Mari Carmen Abascal se quedará en un proceso luctuoso pero que no habrá servido para nada

¿De verdad alguien cree que, con alrededor de tres millones de viviendas vacías, España necesita construir un millón más? ¿No sería más razonable garantizar a los pequeños propietarios, que en su mayoría no tienen recursos para defenderse, una legislación que asegure que, en caso de impago del alquiler, puedan recuperar inmediatamente la vivienda y que, cuando los inquilinos sean personas vulnerables, las administraciones correspondientes sufraguen las rentas impagadas? Posiblemente, una medida de estas características daría tranquilidad a muchos pequeños propietarios que tienen viviendas sin alquilar, por temor a los impagos.

Cada gobierno cambia el marco legal, cada comunidad cambia las normas de protección, cada ayuntamiento cambia el plan de vivienda. La vivienda necesita una planificación a largo plazo, y compartir su gestión pública con el tercer sector de la economía (sin ánimo de lucro), que puede aportar una cercanía de la que la Administración carece, sería una garantía necesaria. 

O se llega a un gran acuerdo entre instituciones y partidos políticos, con un horizonte de 25 o 30 años, blindado frente a los ciclos electorales y con mecanismos de seguimiento que comprometan a todos los firmantes, o la muerte de Maricarmen Abascal se quedará en un proceso luctuoso que no habrá servido para nada. Habrá habido manifestaciones, condolencias institucionales, declaraciones solemnes y, en unos meses, todo seguirá exactamente igual, con la falta de claridad en las competencias, la misma especulación sobre la vivienda protegida, la misma precariedad de los que alquilan, la misma indignación periódica cada vez que una tragedia nos recuerde que el problema sigue ahí. Es necesario recobrar el sentido común para recobrar el sentido de Estado.

Un pacto de Estado por la vivienda debería contener, como mínimo, cinco compromisos. Primero, un marco legal de alquiler estable, con contratos indefinidos y límites a las subidas, equivalente al de los países de nuestro entorno y con incrementos equiparables a las subidas salariales. Segundo, la defensa permanente del parque de vivienda protegida, de modo que ninguna vivienda de protección pueda ser destinada a la especulación ni cedida a terceros con fines lucrativos. Tercero, un plan de construcción pública y de suelo con objetivos plurianuales verificados, que impida la venta de dicho suelo público. Cuarto, una financiación estable para las administraciones que asumen el coste, en especial los ayuntamientos, que son los más cercanos y los peor dotados. Y quinto, una mesa permanente de seguimiento, con representación de todas las administraciones y de los partidos implicados, que garantice que el pacto sobreviva a los gobiernos que lo firmen.

Las campañas obligan a los partidos a posicionarse, y la movilización ciudadana generada por la muerte de Mari Carmen Abascal ha convertido la vivienda en la pregunta que ningún candidato puede evitar. Este es el momento de exigir compromisos, que cada partido diga, antes de las urnas, si está dispuesto a firmar un acuerdo a 25 o 30 años y qué contenidos acepta en él, y que la firma llegue después, con las fuerzas renovadas, sin esperar a la próxima desgracia.

Maricarmen Abascal no puede quedarse en una noticia de sucesos. Su nombre debería quedar asociado al punto de inflexión en el que España decidió tratar la vivienda como lo que es, un derecho fundamental que no puede depender del color del gobierno de turno ni del interés de ningún operador del mercado. La solución a un problema trasversal debe estar garantizada por la mayoría de los responsables públicos, independientemente del partido al que pertenezcan. 

El proceso electoral del próximo 29 de noviembre abre una oportunidad para conseguir ese gran pacto y empezar a ver la luz al final del túnel.

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José María de la Riva es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.