El panorama institucional del Gobierno sumó un nuevo capítulo judicial tras la acción emprendida por Carlos Andrés Ríos Puerta, consejero comisionado de Paz (E) de la administración de Abelardo De La Espriella y director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades en la estructuración, supervisión y pago de los convenios otorgados durante el gobierno anterior al reconocido caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como 'Matador'. 

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El caso central gira en torno al Contrato de Prestación de Servicios N.º 1937 de 2024, firmado el 11 de octubre de 2024 entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y ‘Matador’, y financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación por una cuantía inicial de $257.040.000 (con mensualidades de $21.420.000 incluido IVA). 

Este contrato fijó un plazo de doce meses, según se lee en su objeto, para desarrollar la estrategia de pedagogía sobre el Acuerdo Final de Paz mediante expresiones gráficas y pedagógicas. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, las partes ajustaron las condiciones financieras mediante un otrosí reajustando el monto a $216.000.000, con mensualidades de $18.000.000. 

Según consta en el documento oficial presentado por Ríos a la Fiscalía, el objeto pautaba compromisos específicos como realizar talleres pedagógicos en municipios PDET o zonas ETCR, apoyar la pedagogía territorial de la paz, asistir a exhibiciones públicas de sus caricaturas, elaborar insumos para producciones audiovisuales, crear 10 piezas gráficas animadas o murales al mes, realizar tres talleres interactivos mensuales en colegios y universidades, y divulgar el contenido en las redes sociales de ‘Matador’ para medir el nivel de impacto de la campaña. 

La denuncia tiene fecha del 14 de octubre de 2026. Foto:Denuncia contra Matador

Los cuestionamientos de la actual administración se sustentan en una revisión a los informes de ejecución que abarcó doce periodos contractuales, donde se detectaron inconsistencias entre las fechas facturadas, los cobros y los soportes presentados. 

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La supervisión del contrato, ejercida por la exdirectora de la Unidad de Implementación Gloria Isabel Cuartas Montoya, habría certificado el cumplimiento de actividades que, según el escrito, correspondían a fechas posteriores al corte de cobro o figuraban repetidas entre meses. 

Entre los hallazgos descritos ante el ente investigador sobresale la posible duplicación de soportes entre períodos. Por ejemplo, en los informes del periodo de mayo a junio de 2025 se incluyó un taller realizado el 21 de julio de 2025 en San José del Guaviare, el cual ya había sido radicado para justificar la mensualidad anterior de abril a mayo. 

Julio César Gonzalez, 'Matador'. Foto:Jaime Moreno / EL TIEMPO

De igual manera, las evidencias reportadas para el cobro del lapso de junio a julio de 2025 incluyeron un taller dictado en la Universidad Surcolombiana de Neiva con fecha del 20 de agosto de 2025, actividad que además ya figuraba en la cuenta del mes anterior. En esa misma mensualidad se adjuntó una pieza publicitaria supuestamente vinculada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 

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Otras anomalías corresponden a la acreditación de eventos desarrollados en fechas distintas al periodo cobrado. En la cuenta correspondiente a diciembre de 2024 y enero de 2025 se entregaron fotografías de talleres y una exhibición en la localidad de Usme fechados el 21 de febrero de 2025. 

Asimismo, en la revisión del periodo de enero a febrero de 2025 aparecieron soportes de talleres dictados en abril de 2025 en colegios de Usme y un taller realizado en mayo de 2025 en Pueblo Rico (Risaralda), territorio no clasificado como PDET ni ETCR. En los análisis documentales de varias mensualidades también se evidencia la ausencia de métricas de redes sociales y evaluaciones de percepción, requisitos exigidos en el articulado contractual. 

Contrato de Matador en el gobierno anterior. Foto:Denuncia contra Matador

Frente a la trascendencia legal de las inconsistencias halladas, en la denuncia penal se precisa: "En la etapa precontractual, los cuestionamientos se refieren a la eventual omisión de verificaciones, aprobaciones y soportes económicos esenciales para la selección directa. En la ejecución, preocupan la sucesión de soportes fechados después de los cortes de cobro, la reiteración de evidencias entre mensualidades y la ausencia de soportes diferenciados para determinadas obligaciones. Estos hechos plantean interrogantes concretos sobre la correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados".

Y agrega: "La irregularidad administrativa o el incumplimiento contractual no constituyen por sí solos prueba de un delito, y la Fiscalía deberá establecer la intervención concreta de cada persona. En particular, corresponde establecer la intervención de GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA en la supervisión y certificación de las obligaciones, así como la de quienes elaboraron, validaron y tramitaron los informes y desembolsos. Ni el carácter fiduciario del mecanismo de pago, ni la sujeción del Fondo al derecho privado, pueden servir para diluir la rendición de cuentas sobre recursos públicos". 

Con el propósito de esclarecer el manejo del patrimonio estatal, el comisionado solicitó a la Fiscalía adelantar inspecciones a la carpeta digital del contrato, efectuar cotejos informáticos forenses a los soportes fotográficos para verificar la reutilización de imágenes entre informes, y tomar declaraciones a los rectores e instituciones educativas en donde se habrían dictado los talleres pedagógicos. 

Fiscalía General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación

A la par del contrato principal con el Fondo Colombia en Paz, existen soportes de vinculaciones adicionales mediante órdenes de servicio tramitadas con la firma CTA Soluciones de Audio y Video SAVI para RTVC durante el gobierno anterior. En dichos registros figura Julio César González como asesor en contenidos audiovisuales y creativos. 

Entre estas solicitudes de trabajo destacan la Orden N.º 161-25 para el período de junio y julio de 2025, por una suma de $17.933.333; la Orden N.º 166-25 para el mes de agosto de 2025, con un presupuesto asignado de $16.000.000; y la Orden N.º 169-25 para septiembre de 2025, por un valor de $16.000.000. 

Denuncia contra 'Matador' ante la Fiscalía. Foto:COMISIONADO DE PAZ (E)

*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por una periodista y un editor.