El Ejecutivo andaluz amenaza con recurrir los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno central. Ambos textos están pendientes de la Diputación Permanente, el órgano encargado de mantener la actividad del Parlamento ahora que están disueltas las Cortes.

La consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves el inicio de los trámites para recurrir estas normas y ha explicado que el gabinete jurídico de la Junta “considera viable” un recurso de inconstitucionalidad de los textos por invasión de competencias y por vulneración del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, dicho recurso sería viable –o necesario, según la postura– solo en el caso de que la Diputación convalidara los textos, asunto que no se resolverá previsiblemente hasta unos días antes de la cita con las urnas.

El primer decreto, que entre otras medidas extendía las garantías de las personas vulnerables ante situaciones de desahucio, entró en vigor el día siguiente de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado. La segunda propuesta estipulaba la prórroga automática sin límite temporal de los alquileres y no logró el consenso de los grupos.

No obstante, tras el anuncio de la convocatoria electoral y con ciertas modificaciones –pero la misma “esencia”, según Pedro Sánchez–, el Consejo de Gobierno puso dos textos en marcha que recogían estas mismas medidas. Ahora esperan la convalidación de la Diputación Permanente que, previsiblemente, dará cauce al primero y rechazará el segundo. La última palabra la tendrá el PNV que, si mantiene su postura, votará a favor del primer texto y se opondrá al segundo.

El órgano en el que se debatirán ambas propuestas requiere unas mayorías distintas a las del Congreso. Esto ha levantado las críticas de la Junta de Andalucía, a la que Rocío Díaz ha vuelto a poner palabras. “No es de recibo” que ambos decretos se aprueben cuando en el Congreso de los Diputados reside la soberanía popular, ha denunciado. Se trata, en su opinión, de “una trampa democrática”.

En lo que respecta al recurso que plantea la Junta, una vez esté preparado el acuerdo por la comisión general de viceconsejeros, éste será elevado al Consejo Consultivo para su aprobación por el Consejo de Gobierno autonómico. Se desconoce si terminará presentándose, decisión de la Diputación Permanente mediante. El órgano se reúne este viernes por primera vez tras la convocatoria electoral, pero no lleva los textos de la vivienda en el orden del día. El calendario apunta al inicio de noviembre, días antes de que comience oficialmente la campaña electoral y momento cumbre para avivar la causa que unos y otros han hecho suya para afrontar los comicios.

En caso de que la Junta termine presentando el recurso ahora anunciado, será el tercero en el trienio sobre este mismo asunto. En 2023, Andalucía llevó la Ley Estatal de Vivienda al Tribunal Constitucional, precisamente por sospecha de invasión de competencias. La Justicia avaló la norma, aunque estimó parcialmente algunas de las quejas autonómicas.

En 2025, fue el Gobierno central el que alegó inconstitucionalidad en la Ley de Vivienda de Andalucía, pero se resolvió con un pacto y ajustes entre las dos partes sin llegar a la Justicia.

Esta tercera vez, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha calificado de “fraude” y “trampa a la democracia” la aprobación de los decretos. “Es rebajar la calidad democrática al mínimo”, ha declarado.

En todo caso, la respuesta de la sociedad española al rechazo de los decretos de la vivienda ha sido plural, y en diversos puntos del mapa aún permanecen las acampadas como símbolo de protesta.