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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa PNL "trae la devolución de la seguridad jurídica y la confianza legítima a los ciudadanos pues respeta el título constitutivo y los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades", señala la organización
Una representación de afectados de todas las islas de la Ley Turística canaria se desplazará este miércoles al Parlamento de Canarias para ser testigo en directo de la posible admisión a trámite de la proposición de ley propuesta por el PSOE.
Dicha propuesta, según la Plataforma, “trae la devolución de la seguridad jurídica y la confianza legítima a los ciudadanos pues respeta el título constitutivo y los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades”. Se trata, añade, de “viviendas de personas a las que se les había despojado de sus derechos con la Ley 2/2013 y sobre todo con la reciente Ley de alquiler vacacional aprobada el pasado diciembre”.
La Plataforma carga contra dicha Ley de alquiler vacacional porque, supuestamente, defendía el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero que “en las áreas híbridas del litoral lo que ha hecho es usurparlas, provocando que el registrador de la propiedad cambie los asientos y la publicidad registral con la que compramos nuestras casas, lo que nos lleva a tener que entregar nuestras viviendas al uso turístico, es decir, la TURISTIFICACIÓN de nuestros hogares promovida por Normativas aprobadas por nuestros gobernantes que pretenden que nuestros complejos los rija la Ley Turística y no la Propiedad Horizontal con la que habíamos nacido”.
La PALT pide que esta Proposición de Ley sea el comienzo de un proceso de consenso, no el final de un debate que “todavía necesita a toda la sociedad canaria”.
Por esta razón, la PALT, ha dirigido a toda la Cámara una petición de admisión, al igual que un “numerosísimo” número de propietarios, que se han dirigido a los diputados este fin de semana.
Admitir la PL significa, en opinión de la Plataforma, permitir que la iniciativa pueda debatirse, estudiarse y mejorarse durante su tramitación parlamentaria. “Significa abrir una puerta para que se incorporen propuestas, se corrijan deficiencias y se alcancen acuerdos que hoy todavía no existen”, indica.
La organización añade que no debe actuar por “afinidad ni por rechazo” a un determinado partido político, y recuerda que su obligación es defender los derechos de los propietarios y valorar las iniciativas legislativas por su capacidad para contribuir a resolver los problemas que les afectan.
“Llevamos años defendiendo que los apartamentos y bungalows adquiridos legítimamente por sus propietarios no pueden quedar sometidos a interpretaciones que desconozcan su naturaleza jurídica, las circunstancias de su adquisición o los derechos que les corresponden. Es imprescindible diferenciar los establecimientos turísticos de los complejos inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como distinguir entre quienes deciden voluntariamente desarrollar una actividad turística y quienes desean disfrutar de su propiedad como vivienda”, recalca la organización.
La existencia de una actividad turística no debería servir, por sí sola, para convertir a todos los propietarios de un complejo en participantes obligatorios de esa actividad, ni para atribuir al explotador facultades sobre propiedades ajenas, subraya.
“Necesitamos seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y una regulación que concilie la actividad turística con los derechos de quienes son propietarios de sus viviendas”. Por ello, añade, la futura ley no debe ser patrimonio de un solo partido, ya que una cuestión de esta “trascendencia” no debería resolverse exclusivamente desde las posiciones del Gobierno de turno, ni quedar condicionada por los intereses de una sola formación política.
Por ello, la PALT considera necesario que todos los grupos parlamentarios, tanto los que sostienen actualmente al Gobierno, como los que se encuentran en la oposición, tengan la oportunidad de participar en la elaboración de una norma consensuada.
También deben escucharse las aportaciones de los propietarios afectados, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, las administraciones locales y el conjunto de la sociedad canaria. Por eso, concluye, “sería razonable abrir la puerta a una iniciativa que puede servir para iniciar el debate que Canarias necesita”.
Una representación de afectados de todas las islas de la Ley Turística canaria se desplazará este miércoles al Parlamento de Canarias para ser testigo en directo de la posible admisión a trámite de la proposición de ley propuesta por el PSOE.
Dicha propuesta, según la Plataforma, “trae la devolución de la seguridad jurídica y la confianza legítima a los ciudadanos pues respeta el título constitutivo y los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades”. Se trata, añade, de “viviendas de personas a las que se les había despojado de sus derechos con la Ley 2/2013 y sobre todo con la reciente Ley de alquiler vacacional aprobada el pasado diciembre”.
La Plataforma carga contra dicha Ley de alquiler vacacional porque, supuestamente, defendía el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero que “en las áreas híbridas del litoral lo que ha hecho es usurparlas, provocando que el registrador de la propiedad cambie los asientos y la publicidad registral con la que compramos nuestras casas, lo que nos lleva a tener que entregar nuestras viviendas al uso turístico, es decir, la TURISTIFICACIÓN de nuestros hogares promovida por Normativas aprobadas por nuestros gobernantes que pretenden que nuestros complejos los rija la Ley Turística y no la Propiedad Horizontal con la que habíamos nacido”.
La PALT pide que esta Proposición de Ley sea el comienzo de un proceso de consenso, no el final de un debate que “todavía necesita a toda la sociedad canaria”.
Por esta razón, la PALT, ha dirigido a toda la Cámara una petición de admisión, al igual que un “numerosísimo” número de propietarios, que se han dirigido a los diputados este fin de semana.
Admitir la PL significa, en opinión de la Plataforma, permitir que la iniciativa pueda debatirse, estudiarse y mejorarse durante su tramitación parlamentaria. “Significa abrir una puerta para que se incorporen propuestas, se corrijan deficiencias y se alcancen acuerdos que hoy todavía no existen”, indica.
La organización añade que no debe actuar por “afinidad ni por rechazo” a un determinado partido político, y recuerda que su obligación es defender los derechos de los propietarios y valorar las iniciativas legislativas por su capacidad para contribuir a resolver los problemas que les afectan.
“Llevamos años defendiendo que los apartamentos y bungalows adquiridos legítimamente por sus propietarios no pueden quedar sometidos a interpretaciones que desconozcan su naturaleza jurídica, las circunstancias de su adquisición o los derechos que les corresponden. Es imprescindible diferenciar los establecimientos turísticos de los complejos inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como distinguir entre quienes deciden voluntariamente desarrollar una actividad turística y quienes desean disfrutar de su propiedad como vivienda”, recalca la organización.
La existencia de una actividad turística no debería servir, por sí sola, para convertir a todos los propietarios de un complejo en participantes obligatorios de esa actividad, ni para atribuir al explotador facultades sobre propiedades ajenas, subraya.
“Necesitamos seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y una regulación que concilie la actividad turística con los derechos de quienes son propietarios de sus viviendas”. Por ello, añade, la futura ley no debe ser patrimonio de un solo partido, ya que una cuestión de esta “trascendencia” no debería resolverse exclusivamente desde las posiciones del Gobierno de turno, ni quedar condicionada por los intereses de una sola formación política.
Por ello, la PALT considera necesario que todos los grupos parlamentarios, tanto los que sostienen actualmente al Gobierno, como los que se encuentran en la oposición, tengan la oportunidad de participar en la elaboración de una norma consensuada.
También deben escucharse las aportaciones de los propietarios afectados, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, las administraciones locales y el conjunto de la sociedad canaria. Por eso, concluye, “sería razonable abrir la puerta a una iniciativa que puede servir para iniciar el debate que Canarias necesita”.