Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor actividad en el mercado de compraventa de fincas rústicas, pero también es una de las que presentan una menor proporción de superficie agraria explotada en propiedad. Esta aparente contradicción constituye una de las particularidades del campo gallego que pone de manifiesto el último Informe sobre el mercado de la tierra, publicado el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Agricultura. El documento sitúa a Galicia como la segunda comunidad con más compraventas de parcelas rústicas, solamente por detrás de Castilla y León, mientras que el arrendamiento constituye la principal fórmula de uso de las tierras ocupadas por las explotaciones agrícolas o ganaderas.

Entre los meses de abril de 2022 y marzo de 2025 se registraron en Galicia 93.279 compraventas de fincas rústicas, lo que representa nada menos que el 14% de las 659.656 operaciones analizadas en el conjunto de España. Solo Castilla y León supera este volumen, con 125.613 transacciones y una cuota del 19%. Por detrás de Galicia aparecen Andalucía, con 87.333 operaciones, y Castilla-La Mancha, con 81.028. Estas cuatro comunidades concentran cerca del 59% de las compraventas registradas durante el período de referencia.

La posición gallega en este ranking resulta significativa dada su reducida extensión territorial en comparación con algunas de las comunidades que encabezan la clasificación. Galicia representa aproximadamente el 5,8% de la superficie española (la séptima en tamaño en el conjunto del Estado), pero concentra más del doble de ese porcentaje en el mercado de compraventa de fincas rústicas. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura incluyen todo tipo de parcelas con diferentes aprovechamientos, entre ellos terrenos forestales o monte, por lo que no se puede decir que todas las compras registradas tuvieran como destino la producción agraria o ganadera. En todo caso, una de las explicaciones de este alto número operaciones está en el minifundismo, con su característica más común de la reducida superficie de cada predio.

Sin embargo, este alto volumen de transmisiones rústicas contrasta con el régimen de ocupación de la superficie agraria útil, concepto que para el Ministerio de Agricultura comprende las tierras que están efectivamente utilizadas por las explotaciones. Según los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2023, sobre los que se basa el informe del Gobierno central, aproximadamente el 35% de esta superficie en Galicia se trabaja en régimen de propiedad, mientras que el 57% corresponde a tierras alquiladas. Otro 6% pertenece a terrenos comunales y el porcentaje restante se distribuye entre otras fórmulas de tenencia.

La diferencia con el conjunto de España también resulta considerable y llamativa, al igual que el puesto que ocupa Galicia por el volumen de compraventas realizadas. En el ámbito estatal, la superficie trabajada en propiedad representa el 50% del total y la arrendada alcanza el 41%. De este modo, Galicia se sitúa dieciséis puntos por encima de la media nacional en dependencia del alquiler y quince puntos por debajo en explotación de tierras propias. El Ministerio incluye expresamente a la comunidad entre los territorios con menor peso de la propiedad, junto con Asturias, Cantabria y el País Vasco, una característica que relaciona con la importancia de los pastos en las regiones del norte.

En Cantabria, el régimen de tenencia en propiedad es del 11%, mientras que en Castilla y León asciende al 25% y en el Principado se queda en el 28%. En Euskadi la proporción ya es mayor que en la comunidad gallega, alcanza el 37%.

Esta estructura de la tenencia tiene especial trascendencia para las explotaciones ganaderas, que precisan superficies suficientes para la producción de forrajes y el aprovechamiento de pastos. El informe identifica precisamente al vacuno de leche y de carne entre las orientaciones productivas en las que el arrendamiento adquiere una mayor relevancia. En estos sectores, junto con otras actividades como la horticultura al aire libre, las tierras alquiladas representan entre el 46% y el 59% de la superficie agraria utilizada en España. La disponibilidad de terrenos de terceros constituye, por tanto, un elemento crucial para el mantenimiento y la ampliación de las explotaciones, precisamente un problema que siempre se cita en Galicia y para el que se lanzan iniciativas para solucionarlo como la Lei de Recuperación da Terra Agria o el Banco de Terras, pensadas para movilizar terrenos en desuso para ponerlos al alcance de quien lo necesite para su actividad.

Otra particularidad del mercado gallego es el protagonismo de las herencias en la transmisión de la propiedad rural. El Ministerio sitúa a Galicia entre las comunidades en las que las adquisiciones hereditarias tienen un peso superior al de las compraventas, una circunstancia que también se observa en Castilla y León, Aragón y Cantabria. Por el contrario, en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana predominan proporcionalmente las operaciones de compraventa.

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En el conjunto de España se transmitieron durante 2025 un total de 458.148 fincas rústicas por los distintos títulos de adquisición. Las herencias representaron 179.404 operaciones, equivalentes al 39% del total, mientras que las compraventas sumaron 167.453, el 37%. El resto se repartió entre donaciones, permutas y otras modalidades de transmisión.

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