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Esto autorizaría a los gobiernos estatales y locales de California a establecer fondos públicos de campaña para los candidatos, si así lo decidieran. Revocaría una prohibición de 1988 que impedía dichos sistemas en el ámbito estatal y en la mayoría de los gobiernos locales. Actualmente, solo cinco ciudades de California cuentan con financiamiento público para cargos locales, entre ellas Berkeley y San Francisco.