En 2003, durante la invasión de Irak, las fuerzas de la coalición encontraron grandes campos minados alrededor de Bagdad. Esos obstáculos se superaron en cuestión de horas.

Pero, años más tarde, las personas civiles siguen sufriendo heridas o muriendo a causa de esas mismas minas y artefactos explosivos que quedaron abandonados en el lugar.

Adoptada en 1997, la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal.

Sus efectos en el ámbito humanitario han sido considerables. El tratado ha ayudado a reducir el uso de estas armas a nivel mundial, ha logrado la destrucción de millones de minas almacenadas y ha facilitado la limpieza en gran escala de tierras contaminadas.

Desde 1999, 94 Estados han destruido más de 55 millones de minas antipersonal almacenadas (según Landmine Monitor 2025).

Gracias a estos logros, las comunidades han podido rehabilitar tierras agrícolas, reconstruir sus hogares y restablecer los servicios esenciales para la recuperación posterior al conflicto.

Quizás lo más importante es que la Convención ha contribuido a establecer una norma mundial de gran importancia: que no deben utilizarse armas que no pueden distinguir entre combatientes y civiles.

A pesar de ello, el peligro de los artefactos sin estallar sigue existiendo.

En 2024, al menos 6.279 personas resultaron muertas o heridas a causa de las minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra. Alrededor del 90 por ciento de las víctimas eran personas civiles, y casi la mitad eran niños.

Para las comunidades que conviven con la contaminación por armas, las actividades habituales pueden transformarse en amenazas para la vida.

Los niños son particularmente vulnerables a los artefactos sin estallar, no solo por los lugares adonde van o donde juegan, sino también por su forma de ver el mundo.

En Irak, Sirwan Nabi tenía solo 16 años cuando recogió un objeto que encontró en el suelo porque "era hermoso... pequeño, como una pipa, amarillo y lustroso". El objeto explotó en su mano. Sirwan perdió el brazo y su vida cambió para siempre. Los momentos como este no solo causan lesiones devastadoras. Interrumpen la infancia.

Para muchos niños, las consecuencias se extienden mucho más allá de la explosión inicial. Su educación puede verse interrumpida de inmediato. Al perder la mano con la que escribía,

Sirwan tuvo que volver a aprender las habilidades básicas y quedó rezagado en la escuela. "Escribir me resulta difícil", explica. "Estoy tratando de no quedar atrás".

En las comunidades afectadas, puede suceder que los niños pierdan meses o años de educación, tengan que luchar para mantenerse a la par con sus compañeros o directamente abandonen sus estudios.

La vida cotidiana de las personas que no han sufrido daños directos también se ve afectada por la presencia de artefactos explosivos: limitan la circulación, restringen el juego y crean una constante sensación de riesgo.

Hoy, 52 países y territorios siguen afectados por minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra (según Landmine Monitor 2025).

Hoy, algunos debates se centran en ciertos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, las minas diseñadas para autodestruirse o desactivarse, como forma de reducir los riesgos humanitarios.

Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo el mismo: las minas antipersonal son armas activadas por las víctimas. Explotan cuando alguien las pisa o las mueve, por lo que resulta imposible controlar quién sufrirá el daño que causan.

Además, en situaciones reales, esos mecanismos pueden fallar. Los factores ambientales como el clima, los movimientos de tierra o los daños pueden aumentar el riesgo de que las minas permanezcan activas por más tiempo del previsto.

Cualquiera sea su diseño, las minas antipersonal siguen creando los mismos riesgos: un peligro duradero para las personas civiles.

Las minas antipersonal son solo una parte de un problema mayor que afecta a las poblaciones civiles en los conflictos armados.

Entre los restos explosivos de guerra también se cuentan los artefactos sin estallar y las municiones abandonadas durante las hostilidades. Esas armas pueden seguir siendo inestables e impredecibles durante años.

En la guerra urbana, los riesgos se multiplican. Debido a los edificios destruidos, los escombros y la infraestructura dañada, resulta mucho más complejo y peligroso detectar y retirar los artefactos explosivos.

El derecho internacional humanitario exige que las partes en conflictos armados tomen precauciones para proteger a la población civil contra los restos explosivos de guerra.

Esas medidas consisten, entre otras, en trazar mapas de las zonas peligrosas, colocar marcas y vallas, eliminar artefactos peligrosos, alertar a las comunidades sobre los riesgos y apoyar la educación para ayudar a las personas a evitar el peligro de los artefactos explosivos.

La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal refuerza esas medidas prohibiendo un arma cuyas consecuencias humanitarias han demostrado ser devastadoras y duraderas.