Aunque todavía no se sabe en qué fecha se celebrarán las próximas elecciones generales, la política española ha entrado ya en campaña si es que en algún momento dejó de estarlo. Ello añade todavía más ruido a una legislatura que desde su comienzo ha sido pródiga en exhibición de sectarismo y enfrentamientos, hasta el punto de que se puede afirmar que cuando se disuelvan las cámaras y se llame a las urnas estemos ante el final de uno de los periodos más inútiles y crispados del casi medio siglo que la democracia española lleva asentada. Todo vale para poner por delante las estrategias de partido y olvidar que el Estado, para preservar su funcionamiento y su prestigio ante los ciudadanos, requiere que la política dé soluciones a los problemas que se plantean. Está ocurriendo ahora con la crisis de Ceuta, convertida mes y medio después de que se produjera el asalto a la frontera en un problema sin solución y en argumento de una lucha a la búsqueda de que el contrario quede acorralado. Pero también pasa con la absurda guerra que el Gobierno parece haber emprendido con la Justicia, en la que quiere aparecer como víctima de una extraña conjura que parece rescatada de los tiempos de la judeomasónica que tanto le gustaba agitar a Franco. Que el clima electoral lo inunda todo puede apreciarse también en Andalucía. La primera sesión de control al Gobierno de Juanma Moreno de esta legislatura, celebrada el pasado miércoles, ha dejado ver que el tono moderado de los años de la mayoría absoluta ha pasado, por ahora, a la historia, y que María Jesús Montero tiene como objetivo desgastar al PP con una ofensiva clara contra la persona de Moreno y sus acuerdos con Vox. Mientras el clima sigue deteriorándose, parece oportuno preguntar quién está cuidando de la salud del Estado. El panorama, cada semana que pasa, parece más preocupante. Y todavía quedan meses.