La polémica ordenanza municipal de Martorell que prevé sanciones de 750 euros para aquellos vecinos que llenen garrafas en las fuentes municipales será rebajada en el próximo Pleno municipal. Tras la aprobación inicial de la norma, el 17 de noviembre, la oposición política, una veintena de entidades sociales y la propia Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, habían elevado sus quejas al respecto.

Así, el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts), ha decidido matizar la ordenanza para permitir que los vecinos puedan extraer hasta 25 litros de agua sin ser sancionados, según ha avanzado la 'Cadena Ser' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes municipales, que señalan asimismo que el consistorio ya tenía contemplado concretar qué cantidad de agua sería la máxima permitida. Las mismas fuentes declaran, en esta línea, que la matización del redactado de la ordenanza no se debe a la polémica que ha suscitado la medida, ni tampoco a las alegaciones de la Síndica que, según indican, había situado el tope de agua permitida entre los cinco y los ocho litros.

Los Comuns y el grupo local en el municipio, Movem Martorell, solicitaron a la Síndica de Greuges, a la Agència Catalana de l'Aigua y a la Delegación del Gobierno que actuasen ante la prohibición, pocos días después de la aprobación inicial. Asimismo, llevaron el tema al Parlament, donde registraron una propuesta de resolución para instar a la cámara a pronunciarse. El plazo para presentar alegaciones a la modificación de la ordenanza ha finalizado esta semana. Volverá a someterse a votación, esta vez definitiva, en el Pleno municipal del mes de febrero, ya con el tope fijado de 25 litros.

La rectificación de Fonollosa ha sido celebrada por los Comuns mediante un comunicado. La portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, que representa el principal partido de la oposición al gobierno municipal (formado por Junts y PSC), ha declarado que el cambio de parecer del Ayuntamiento "demuestra" que "tenían razón" y que la postura del gobierno local era "jurídicamente aberrante". "Por mucha mayoría absoluta que el gobierno municipal tenga, no está por encima de la ley", asegura Ruiz.

De todas maneras, los Comuns sostienen que el tope fijado "continúa criminalizando a las personas más vulnerables", ya que "el mínimo que marca la ley como esencial para la vida son entre 50 y 100 litros de agua por persona y día".