Dos meses después de que se desencadenara la crisis provocada por la avalancha sobre la frontera de Ceuta, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha sido destituido, aunque como siempre en estos casos la salida del puesto se disfraza como una petición propia. Esta es, por ahora, la única responsabilidad política que el Gobierno ha asumido en un caso que es un modelo de cómo no se debe gestionar una situación grave. El delegado cesante es un personaje menor en una crisis que se ha convertido en la más grave de una legislatura que ha sido pródiga en situaciones impropias de un país moderno con una democracia asentada. Que no se hayan asumido responsabilidades políticas al más alto nivel es una muestra más del deterioro institucional que se ha instalado en España en los últimos años. El Gobierno se ha visto impotente para gestionar la situación creada por la invasión migratoria y pasan las semanas sin que se vean signos de que haya una solución en el horizonte. Nada más producirse la entrada masiva, el presidente Pedro Sánchez dio la situación por solucionada y se marchó de vacaciones. Hubo que esperar a su vuelta para improvisar un mando único, cuya máxima responsabilidad se le dio al ministro Ángel Víctor Torres porque los titulares de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, mantienen un enfrentamiento que hace imposible que se coordinen, aunque son los más concernidos. A lo largo de estos dos meses se han visto desatinos políticos de todo tipo. La sustitución del delegado del Gobierno era una necesidad evidente que se debería haber depurado hace semanas, sobre todo cuando se conoció la pasividad con la que había reaccionado a los avisos que emitieron los servicios de información e intentó desviar el error a su jefe de gabinete. Pero ni de lejos supone la aceptación de una responsabilidad que tanto la lógica política como el sentir de los ciudadanos sitúan mucho más alto.