En la última sesión del juicio por las ayudas a Calderinox, que ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia de Sevilla, el abogado de uno de los sindicalistas de CCOO acusados ha lamentado que las acusaciones no hayan tenido en cuenta que la Corte de Garantías ha declarado que el procedimiento por el que se concedían las ayudas "no es ilegal", porque está incluido en las leyes de Presupuesto de la Junta de Andalucía, y también ha citado la sentencia de Acyco, que "aclara la aplicación de las sentencias del Constitucional, describiendo las irregularidades y diciendo que todas las ayudas sociolaborales estarían incluidas en la vulneración de la legalidad penal, con la excepción de los intrusos", las personas que fueron incluidas en las pólizas y que nunca trabajaron en las empresas, como ocurre en Calderinox, que hay dos intrusos.

El letrado de otro representante de CCOO también acusado en este proceso ha insistido en que "las ayudas concedidas a Calderinox son legales tras las sentencias del Tribunal Constitucional", destacando asimismo la "influencia" de estas sentencias dictadas en el año 2024 sobre el informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), realizado en el año 2014, una influencia que evidentemente los peritos rechazaron de plano cuando han declarado en este juicio.

La defensa de la Federación de Industria de CCOO, que está en el procedimiento como responsable civil subsidiario, ha alegado igualmente en su informe de conclusiones que la finalidad de la ayuda "ha sido cumplida" y ha recordado que los trabajadores de Calderinox han seguido cobrando sus prejubilaciones todos estos años después de que la Junta de Andalucía dictara el decreto 4/2012, que regularizó estas ayudas tras estallar el escándalo de los ERE.

Las defensas de los cuatro acusados, entre los que se encuentran el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, han pedido al tribunal que dicte una sentencia absolutoria. El único acusado que ha utilizado el derecho a última palabra ha sido Daniel Alberto Rivera, que ha dado las gracias al tribunal por pemitirle seguir el juicio a través de viodeoconferencia y que ha manifestado igualmente que "en ninguno de los procedimientos" que se siguen contra él se ha demostrado que "haya tenido beneficio con los pagos" que autorizó, y ha añadido que tanto el Consejo Consultivo como la Junta de Andalucía han dictaminado que en el caso de los beneficiarios de buena fe "se cumplía el fin de interés público de las ayudas".

La abogada de Daniel Alberto Rivera, Silvia López, ha pedido su absolución porque, según ha dicho, el entonces director de Trabajo desconocía la existencia de los dos intrusos en esta ayuda y cuando se percató de la misma, en aquel singular fin de semana de noviembre de 2010 en el que se revisaron los expedientes de la ayudas en la Dirección General de Trabajo (DGT), "lo denunció en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla", que investigaba las macrocausas. La inclusión de los inrusos fue "anterior a la llegada de Rivera" a la DGT, ha sostenido.

Por su parte, el abogado Jon Ander Sánchez, que defiende a Antonio Rivas -a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de siete años de prisión como inductor y cooperador necesario de un delito de malversación- ha solicitado igualmente a la Sala su libre absolución al entender que a lo largo de la vista oral ha quedado acreditado que el delegado provincial "no tenía competencias para decidir sobre la concesión y el pago de las ayudas sociolaborales. La competencia del delegado provincial se circunscribía, en este ámbito, a la tramitación de los ERTES y de los ERES, pero no de las ayudas sociolaborales, cuya concesión, tramitación y pago correspondía a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

De la misma forma, el letrado ha precisado que "ninguna prueba ha acreditado" que Antonio Rivas tuviera una intervención decisiva y decisoria en la inclusión de los dos intrusos, uno de ellos el también ex delegado de Empleo Juan Rodríguez Cordobés.

El letrado ha hecho un símil para defender la actuación de Rivas. "Como letrado puedo comprometerme con mi cliente en que va a tener una sentencia favorable, pero no le puedo garantizar que así sea. No tengo la competencia ni la facultad de que así se cumpla", ha señalado Jon Ander Sánchez, que a renglón seguido ha añadido que "lo mismo cabe decir del eventual compromiso que hubiera podido tener, en caso de que hubiera quedado acreditado, el delegado de Empleo con los trabajadores de Calderinox: Si no se tiene la competencia, ninguna participación decisoria ni decisiva cabe desprende de su actuación en el caso".