En enero de este 2026, sorprendió que el alcalde y otros dos consejeros metropolitanos de Junts, los tres de Sant Cugat del Vallès, votaran en contra de la aprobación del inicio de licitación y los pliegos de la concesión de 1.000 millones para el suministro de agua en ocho municipios —Sant Cugat entre ellos— del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Hasta ese momento, Junts había validado todos los pasos previos aprobados en el Consejo Metropolitano del AMB sobre el expediente. La incógnita se ha despejado ahora, cuando el Pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat ha aprobado formalmente recurrir ante un juzgado de lo contencioso-administrativo un acuerdo metropolitano vinculado al gran contrato de agua con el propósito de presionar al AMB para que le garantice inversiones en su red de agua, tanto las pendientes de ejecutar durante los últimos años como las futuras.

Específicamente, lo que impugna el consistorio es el acuerdo del Consejo Metropolitano que inadmitió un requerimiento previo que el ayuntamiento formuló contra el expediente de contratación y los pliegos de la licitación, al entender que los mismos "no eran conforme a Derecho" y que eran "lesivos para los intereses municipales".

Esencialmente, porque el consistorio entiende que no quedan garantizadas las inversiones en Sant Cugat que habían sido previstas pero que no se han ejecutado. Es por eso que el correspondiente decreto de alcaldía de Sant Cugat, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, exige que la contrata metropolitana "garantice la financiación de las inversiones ejecutadas por la actual concesionaria [Sorea, del grupo Veolia] durante el periodo transitorio transcurrido hasta la fecha de inicio de la ejecución del nuevo contrato", así como que "se garantice la inclusión", durante los cinco primeros años del contrato, "de todas aquellas obras previstas por los planes de inversiones municipales que no se hayan ejecutado con anterioridad a la adjudicación del nuevo contrato". Además, se da la casuística de que Veolia, el mismo grupo al que pertenece Sorea, la actual suministradora en Sant Cugat, es la mejor posicionada para llevarse definitivamente la adjudicación del gran contrato de agua metropolitano.

No obstante, el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defendió durante un Pleno municipal que la acción judicial es una herramienta de presión para proteger los intereses de la ciudad, pero dejó entrever que es factible un acuerdo en la negociación que mantienen consistorio y administración metropolitana. Vallès aseguró que que, pese al recurso, el Ayuntamiento continuará dialogando con el AMB para intentar resolver las diferencias, tal y como ya ocurrió en el precedente de "acuerdo histórico" sobre la gestión de buses urbanos.

El decreto de Alcaldía que sustenta el recurso también advierte de una "falta de concreción en las inversiones previstas" en la nueva contrata metropolitana, superiores a 23 millones de euros durante los primeros cinco años. Los servicios jurídicos municipales de Sant Cugat sostienen que estas actuaciones no están suficientemente detalladas y que no se ajustan a las necesidades reales del municipio. En total, el estudio de viabilidad que sustenta la concesión atribuye a Sant Cugat 78,7 millones en inversiones.

El consistorio cuestiona asimismo que la concesión agrupe en un único contrato el abastecimiento de ocho municipios, sin dividirse en lotes, y pide aclarar qué riesgos asumirá realmente la futura adjudicataria. Los servicios jurídicos advierten de que, si no existe una transferencia real del riesgo operacional, podría estar mal planteada la propia naturaleza de la concesión. Esta cuestión, de hecho, ya fue objeto de discusión en las alegaciones a la concesión.

El primer teniente de alcaldía de Sant Cugat, Carles Brugarolas, explicó en el Pleno municipal la principal preocupación local es asegurar la continuidad de las inversiones previstas en el plan de 2024 y 2025. Según señaló, el paso de un contrato a otro "no puede dejar en el aire la renovación de la red ni generar dudas sobre quién pagará las actuaciones pendientes". Brugarolas presentó la acción judicial como una medida de precaución mientras avanzan las conversaciones. El objetivo, indicó, es evitar que el diálogo con el AMB concluya sin una garantía clara de que las mejoras programadas podrán ejecutarse y financiarse correctamente.

La disputa también gira alrededor de los plazos administrativos. El Consejo Metropolitano aprobó el 27 de enero de 2026 el expediente y los pliegos de la concesión del agua para Sant Cugat y otros siete municipios. El anuncio de licitación se publicó el 2 de febrero y el Ayuntamiento presentó su requerimiento previo el 19 de marzo.

El AMB lo inadmitió el 28 de abril al considerarlo presentado fuera de plazo. Sant Cugat sostiene, sin embargo, que el periodo legal debía empezar a contarse desde la publicación de la licitación y no desde el estudio de viabilidad difundido meses antes. Por ello, los abogados municipales defienden que la reclamación se presentó dentro de los dos meses establecidos legalmente.

El expediente municipal también acusa al AMB de haber comunicado su decisión de forma incompleta. El Ayuntamiento afirma que recibió únicamente un certificado, sin el texto íntegro del acuerdo ni el informe jurídico en el que se basaba la inadmisión. La conclusión de los servicios jurídicos es tajante: "La notificación es defectuosa por falta de motivación íntegra". El consistorio considera que esta falta de información le ha impedido conocer con precisión los argumentos utilizados por el AMB y responder adecuadamente. Sant Cugat pide ahora que el juez anule la decisión metropolitana y que se pronuncie también sobre las cuestiones de fondo planteadas contra los pliegos.

En el pleno municipal, la acción judicial de Sant Cugat salió adelante con los votos del gobierno municipal de Junts y ERC, la CUP, Vox y el PP, mientras que el PSC y Comú Podem se abstuvieron. Vox respaldó la actuación del Ayuntamiento y acusó al AMB de "perjudicar reiteradamente los intereses de Sant Cugat". La CUP también votó a favor, aunque ha cuestionado el modelo de una "gran concesión privada y centralizada".

En la línea de lo que han defendido los Comuns en el Consejo Metropolitano, el portavoz de la CUP, Marco Simarro, advirtió de que el sistema "puede reducir el control público sobre las decisiones estratégicas relacionadas con el agua y aumentar la dependencia de una gran empresa concesionaria". El PSC, por su parte, pidió priorizar la negociación y aseguró que las conversaciones entre ambas administraciones han avanzado. Brugarolas coincidió en la necesidad de buscar una salida amistosa, pero insistió en que el Ayuntamiento defenderá los intereses municipales cuando no encuentre una respuesta satisfactoria.

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No es el primer desencuentro reciente entre Sant Cugat y el AMB. La ciudad también estuvo cerca de acudir a los tribunales por el traspaso de los autobuses urbanos, aunque el conflicto terminó resolviéndose mediante un acuerdo entre ambas administraciones. A partir de este pacto, el AMB abonó al Ayuntamiento 4,65 millones de euros anuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, para financiar la prestación del servicio durante el periodo transitorio. En esta etapa también se acordó la compra de 27 nuevos autobuses. Una vez completado el traspaso, el organismo metropolitano asume tanto el coste de los vehículos como el del nuevo servicio.

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