Más de dos centenares de menores migrantes no acompañados, en concreto 233, con una resolución definitiva de traslado a la Península no han sido finalmente derivados. El motivo se encuentra en el calendario fijado por el decreto que modificó la Ley de Extranjería y que permitió distribuir a los chicos entre otras comunidades autónomas. El 18 de marzo se cumplió un año desde su entrada en vigor y, con la fecha, el plazo establecido para ejecutar las derivaciones de los menores que se encontraban en Canarias antes del 29 de agosto, cuando el Archipiélago fue declarado en contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida. Al agotarse ese plazo, los menores que no habían sido trasladados quedaron abocados a un nuevo limbo institucional o a la voluntad de las comunidades autónomas dispuestas a acogerlos. Eso sí, mientras el tiempo previsto por el real decreto llegaba a su fin, el Gobierno central –que no se ha pronunciado sobre los chicos que no han salido de las Islas– había garantizado a Canarias que las derivaciones continuarían hasta el final de la legislatura, al menos en el caso de aquellos niños y jóvenes cuyos expedientes se encontraban en tramitación o que ya contaban con una resolución firme de traslado.

Pero la realidad de esos 233 chicos, explican desde el Ejecutivo autonómico, ha sido otra y, a día de hoy, todos ellos permanecen en las Islas. De ese grupo, 92 menores mantienen su intención de trasladarse a la Península, mientras que los 141 restantes han manifestado su voluntad de permanecer en el Archipiélago. Una decisión que se produce en un contexto muy diferente al de hace unos años: los centros de acogida de las Islas, que antes del inicio de las derivaciones llegaron a tutelar en solitario a más de 5.000 menores migrantes, atienden ahora a unos 2.700. Una cifra que se aproxima a los 2.211 menores que, según el real decreto, debería acoger el Archipiélago para dejar atrás la situación de contingencia migratoria.

Es precisamente la reducción del número de menores en los centros de acogida lo que ha permitido al Ejecutivo autonómico cerrar los macrocentros que, en muchos casos, no podían garantizar una atención individualizada a niños que llegaban a las costas canarias en una situación de especial vulnerabilidad. Desde que comenzaron las derivaciones, un total de 2.273 menores han sido trasladados a la Península. De ellos, unos 1.200 eran solicitantes de asilo, por lo que su traslado se produjo después de que el Tribunal Supremo dictara varios autos en los que instaba al Estado a hacerse cargo de alrededor de un millar de jóvenes que habían solicitado protección internacional. La mayoría procedía de Mali, un país que atraviesa desde hace décadas una profunda crisis de seguridad.

Pese a los traslados ejecutados y al alivio que estos han supuesto para la red de acogida canaria, la Comunidad Autónoma continúa por encima de su capacidad ordinaria. El Archipiélago afronta ahora la llegada del 29 de agosto. Una fecha clave porque se cumple un año desde la declaración de la contingencia migratoria y, al mismo tiempo, expira su vigencia. A partir de ese momento, el Gobierno central deberá decidir si prorroga una medida que, además, permite el traslado casi inmediato - al menos sobre el papel - de los menores que llegan a las costas canarias. Esta vía exprés, reservada para los menores llegados después de la declaración de contingencia, establece un plazo de 15 días para completar su traslado a la Península. En la práctica ese límite se ha superado en numerosos casos y el procedimiento ha llegado a prolongarse durante más de un mes con todo lo que ello ha supuesto para una red de acogida sobredimensionada y saturada.

A diferencia de las salidad de los menores que ya se encontraban en las Islas antes de la declaración de contingencia - los 233 casos pendientes -, los traslados exprés sí continúan. Los chicos que siguen llegando a las costas canarias a bordo de embarcaciones precarias continúan sometiéndose a este procedimiento. "No se puede perder de vista el motivo por el que se hacían los traslados de menores no acompañados, que era para aliviar una red de acogida saturada", recalca la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que reconoce, además, que se han dado casos de niños que, pese a tener que ser derivados en un plazo máximo de dos semanas, finalmente permanecieron en las Islas porque tenían familiares en el Archipiélago. "Se ha escuchado siempre a los menores", añade Rodríguez y sostiene que Canarias, por su parte, mantiene la coordinación con las comunidades autónomas de destino de los chicos que llegan a las Islas y que deben poner rumbo a la Península.

Sobre la mesa está la posibilidad de que el traslado de menores desde Ceuta tras la entrada de más de 80.000 personas durante los episodios del 30 y 31 de julio, tenga alguna repercusión en las derivaciones desde Canarias. La prioridad de atender la situación de la ciudad autónoma podría afectar al calendario previsto para los traslados desde las Islas. Una posibilidad que el Ejecutivo autonómico rechaza frontalmente. "El real decreto está para cumplirse. Ceuta necesita una respuesta extraordinaria que excede incluso al Ministerio de Juventud e Infancia y debe incorporar a más ministerios, por lo que la situación en la ciudad no debería afectarnos", zanja la directora general, quien considera además, que "no es justo" que los centros de acogida de las Islas se encuentren por encima de su capacidad mientras otras comunidades autónomas "están por debajo" de los límites establecidos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias recalca que, para que los traslados se ejecuten, las comunidades autónomas deben coordinarse entre sí. En caso de que alguna se niegue a acoger al menor, Canarias debe acudir a la Fiscalía, explica la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans.

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