Дата публикации: 05-03-2026 05:01:09

Más de un año después de la DANA, las percepciones ciudadanas sobre la gestión del desastre han cambiado poco. Las identidades partidistas siguen filtrando la atribución de responsabilidades de forma muy similar a como lo hacían inmediatamente después de la tragedia
Mientras avanza la investigación penal iniciada por la jueza Nuria Ruiz sobre la gestión de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, cabe preguntarse por el estado de la opinión pública en las zonas más afectadas por las inundaciones. ¿Cómo de afectados mental y físicamente siguen sintiéndose los ciudadanos?¿Ha mejorado su opinión sobre las administraciones y los actores que participaron en la gestión del desastre? ¿Y hasta qué punto ha cambiado su percepción sobre qué nivel de gobierno fue el principal responsable de lo sucedido?

Una encuesta realizada en diciembre de 2024 en la provincia de Valencia, como parte de una investigación sobre los efectos de los desastres naturales, y repetida un año después permite responder a estas preguntas. El valor de esta encuesta es que contiene una muestra de ciudadanos de las zonas más afectadas por la DANA[1] y permite estudiar cómo evoluciona la opinión pública un año después. Del análisis de los datos merece la pena destacar tres resultados.

La primera es que los efectos físicos y psicológicos de la tragedia han remitido, pero la salud mental de los ciudadanos no se ha recuperado del todo. Tras el desastre, una gran proporción de ciudadanos se sintió físicamente muy o bastante afectada por lo ocurrido (77%), aunque ese porcentaje descendió drásticamente (hasta el 14%) un año después. En el caso de la salud mental, un porcentaje menor de encuestados se sentía muy o bastante afectado psicológicamente por el desastre en 2024 (49%), pero más de un año después una de cada tres personas seguía sintiéndose igual (37%).























Tabla 1. Grado de afectación física y mental por el episodio DANA en zonas más afectadas.



La segunda es que el hundimiento de la confianza política se ha recuperado ligeramente, pero el gobierno central y, muy especialmente, el gobierno autonómico siguen siendo los actores más desprestigiados en la opinión pública. El Gráfico 1 muestra que la confianza de los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre ha aumentado hacia la Unión Europea, hacia el gobierno central y, en menor medida, hacia el gobierno de la Generalitat, aunque estos dos últimos siguen sin superar el suspenso. Los actores sociales (voluntarios) o institucionales no políticos (Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) son los que más confianza suscitan.























Gráfico 1. Media de confianza por actor y año en las zonas más afectadas.



Lo que llama la atención de los datos de confianza tras la DANA no es el suspenso a los gobiernos, sino la intensidad del mismo. El suspenso suele ser la norma cuando se mide el grado de confianza ciudadana en España hacia las instituciones representativas (parlamentos, gobiernos). Por ejemplo, en una encuesta en la Comunidad Valenciana realizada en 2021[1], la confianza media hacia el gobierno central y el gobierno autonómico era, en promedio, de 3.6 y 4.6, respectivamente. Así, los datos de 2024 y 2025 en las zonas más afectadas por la DANA muestran cierta regresión a la media en el caso de la confianza en el gobierno central, mientras que el gobierno autonómico no acaba de recuperarse de la caída en el nivel de confianza ocurrida tras la DANA.

La tercera es la estabilidad en la atribución de responsabilidades sobre la gestión del desastre. No parece que lo ocurrido durante el último año haya cambiado la visión de la opinión pública sobre cómo se gestionó la emergencia y las lentes partidistas siguen siendo el principal filtro. La Tabla 2 muestra que los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre en Valencia mantienen a finales de 2025 una valoración parecida a la del momento posterior a la tragedia, con ligeros cambios que son desfavorables para el gobierno de la Generalitat. En 2025 un 14% cree que el gobierno central es el principal responsable, un 46.7% cree que es el gobierno autonómico (una subida de 1.5 puntos porcentuales) y un 38.7% cree que fueron ambos gobiernos (una ligera caída de 1.5 puntos respecto al año anterior).























Tabla 2. Atribución de responsabilidad por la gestión de la emergencia en zonas más afectadas.



Cuando cruzamos la atribución de responsabilidad con el recuerdo de voto (ver Gráfico 2), lo primero que se observa es la fuerte mediación de la identidad partidista. Todos los electorados culpan o disculpan según el color político del nivel de gobierno: los votantes de izquierdas culpan mayoritariamente al gobierno de Mazón, mientras que el electorado del PP está más dividido y diluye la responsabilidad entre el gobierno central y ambos niveles de gobierno. Aunque los votantes del PP se han vuelto más críticos durante el último año con la actuación del gobierno de la Generalitat (en 2024 un 7% culpaba al gobierno de Mazón y ahora esa cifra ha aumentado hasta el 15%), todavía son muy pocos, si lo comparamos con el resto de votantes, los que señalan en exclusiva a la Generalitat.























Gráfico 2. Atribución de responsabilidad por la gestión de la DANA en las zonas más afectadas por intención de voto.



En conjunto, aunque los efectos físicos de la tragedia han remitido de forma notable, sus consecuencias psicológicas y los sesgos políticos sobre lo ocurrido siguen presentes. Un año después, una parte importante de la población continúa mostrando signos de afectación emocional y la confianza en las administraciones sigue siendo muy baja. Al mismo tiempo, la atribución de responsabilidades se mantiene notablemente estable y sigue estando muy mediada por identidades partidistas, lo que sugiere que el paso del tiempo ha cambiado poco la forma en que los ciudadanos interpretan lo ocurrido.

[1] Garmendia y León (2022). “Polarización y Convivencia en España 2021. El papel de lo territorial”.

[1] Selección de la muestra en municipios registrados como afectados por las inundaciones según el Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Proyecto de investigación 2022/00522/001Agencia Estatalal de Investigación.

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Mientras avanza la investigación penal iniciada por la jueza Nuria Ruiz sobre la gestión de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, cabe preguntarse por el estado de la opinión pública en las zonas más afectadas por las inundaciones. ¿Cómo de afectados mental y físicamente siguen sintiéndose los ciudadanos?¿Ha mejorado su opinión sobre las administraciones y los actores que participaron en la gestión del desastre? ¿Y hasta qué punto ha cambiado su percepción sobre qué nivel de gobierno fue el principal responsable de lo sucedido?

Una encuesta realizada en diciembre de 2024 en la provincia de Valencia, como parte de una investigación sobre los efectos de los desastres naturales, y repetida un año después permite responder a estas preguntas. El valor de esta encuesta es que contiene una muestra de ciudadanos de las zonas más afectadas por la DANA[1] y permite estudiar cómo evoluciona la opinión pública un año después. Del análisis de los datos merece la pena destacar tres resultados.

La primera es que los efectos físicos y psicológicos de la tragedia han remitido, pero la salud mental de los ciudadanos no se ha recuperado del todo. Tras el desastre, una gran proporción de ciudadanos se sintió físicamente muy o bastante afectada por lo ocurrido (77%), aunque ese porcentaje descendió drásticamente (hasta el 14%) un año después. En el caso de la salud mental, un porcentaje menor de encuestados se sentía muy o bastante afectado psicológicamente por el desastre en 2024 (49%), pero más de un año después una de cada tres personas seguía sintiéndose igual (37%).

La segunda es que el hundimiento de la confianza política se ha recuperado ligeramente, pero el gobierno central y, muy especialmente, el gobierno autonómico siguen siendo los actores más desprestigiados en la opinión pública. El Gráfico 1 muestra que la confianza de los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre ha aumentado hacia la Unión Europea, hacia el gobierno central y, en menor medida, hacia el gobierno de la Generalitat, aunque estos dos últimos siguen sin superar el suspenso. Los actores sociales (voluntarios) o institucionales no políticos (Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) son los que más confianza suscitan.

Lo que llama la atención de los datos de confianza tras la DANA no es el suspenso a los gobiernos, sino la intensidad del mismo. El suspenso suele ser la norma cuando se mide el grado de confianza ciudadana en España hacia las instituciones representativas (parlamentos, gobiernos). Por ejemplo, en una encuesta en la Comunidad Valenciana realizada en 2021[1], la confianza media hacia el gobierno central y el gobierno autonómico era, en promedio, de 3.6 y 4.6, respectivamente. Así, los datos de 2024 y 2025 en las zonas más afectadas por la DANA muestran cierta regresión a la media en el caso de la confianza en el gobierno central, mientras que el gobierno autonómico no acaba de recuperarse de la caída en el nivel de confianza ocurrida tras la DANA.

La tercera es la estabilidad en la atribución de responsabilidades sobre la gestión del desastre. No parece que lo ocurrido durante el último año haya cambiado la visión de la opinión pública sobre cómo se gestionó la emergencia y las lentes partidistas siguen siendo el principal filtro. La Tabla 2 muestra que los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre en Valencia mantienen a finales de 2025 una valoración parecida a la del momento posterior a la tragedia, con ligeros cambios que son desfavorables para el gobierno de la Generalitat. En 2025 un 14% cree que el gobierno central es el principal responsable, un 46.7% cree que es el gobierno autonómico (una subida de 1.5 puntos porcentuales) y un 38.7% cree que fueron ambos gobiernos (una ligera caída de 1.5 puntos respecto al año anterior).

Cuando cruzamos la atribución de responsabilidad con el recuerdo de voto (ver Gráfico 2), lo primero que se observa es la fuerte mediación de la identidad partidista. Todos los electorados culpan o disculpan según el color político del nivel de gobierno: los votantes de izquierdas culpan mayoritariamente al gobierno de Mazón, mientras que el electorado del PP está más dividido y diluye la responsabilidad entre el gobierno central y ambos niveles de gobierno. Aunque los votantes del PP se han vuelto más críticos durante el último año con la actuación del gobierno de la Generalitat (en 2024 un 7% culpaba al gobierno de Mazón y ahora esa cifra ha aumentado hasta el 15%), todavía son muy pocos, si lo comparamos con el resto de votantes, los que señalan en exclusiva a la Generalitat.

En conjunto, aunque los efectos físicos de la tragedia han remitido de forma notable, sus consecuencias psicológicas y los sesgos políticos sobre lo ocurrido siguen presentes. Un año después, una parte importante de la población continúa mostrando signos de afectación emocional y la confianza en las administraciones sigue siendo muy baja. Al mismo tiempo, la atribución de responsabilidades se mantiene notablemente estable y sigue estando muy mediada por identidades partidistas, lo que sugiere que el paso del tiempo ha cambiado poco la forma en que los ciudadanos interpretan lo ocurrido.

[1] Garmendia y León (2022). “Polarización y Convivencia en España 2021. El papel de lo territorial”.

[1] Selección de la muestra en municipios registrados como afectados por las inundaciones según el Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Proyecto de investigación 2022/00522/001Agencia Estatalal de Investigación.

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